El juzgado de instrucción número 1 de Pontevedra reactivará este mes las diligencias de investigación en el marco de una de las piezas separadas de la Operación Patos. Concretamente, el TSXG confirmó ayer que a lo largo de este mes han sido citados a declarar en el juzgado en calidad de investigados varios técnicos del Concello de Pontevedra en el marco de las actuaciones que se siguen en relación a tres obras adjudicadas a la empresa Eiriña, firma en torno a la que pivota todo este supuesto caso de adjudicaciones irregulares en distintos concellos y administraciones públicas en la provincia destapado por un juzgado de Vigo.
El hecho de que estos funcionarios municipales hayan sido citados en calidad de investigados tampoco debe presuponer ningún tipo de conducta irregular en los mismos, según las fuentes consultadas, sino que es la figura que corresponde en estos momentos para salvaguardar sus derechos a la hora de que respondan a las preguntas que se les realice acerca de los informes realizados por ellos o los procesos de contratación en los que pudieran haber participado.
Las diligencias previas abiertas en el juzgado de instrucción 1 de la capital en relación a las adjudicaciones por parte del Concello de Pontevedra a la empresa Eiriña son una de las cinco piezas separadas de la Operación Patos que partieron del juzgado de Vigo, tras su inhibición, y que acabaron en juzgados pontevedreses. Varias de ellas han sido sobreseídas pero esta sigue adelante y ya en el mes de abril llevó a declarar ante jueza y fiscal a tres técnicos municipales del área de intervención y de secretaría, según explicó en su momento el propio Concello de Pontevedra, aunque en aquel momento comparecieron en calidad de testigos.
Las obras investigadas en esta pieza separada son también tres. Se trata de la reforma de la Avenida de Lugo, que costó algo más de un millón de euros; la reforma de la calle Santa Clara, que se ejecutó por casi 700.000 euros; y unas actuaciones de mejora de varios viales de Salcedo de tal forma que las tres adjudicaciones a Eiriña superaron los dos millones de euros. Se trata de obras adjudicadas en el anterior mandato, cuando el gobierno local lo integraba un bipartito coaligado, siendo las dos obras más importantes desarrolladas por concejalías en manos del PSOE y la tercera, en Salcedo, del BNG.
De las supuestas anomalías detectadas en los procesos de adjudicación de las obras dio cuenta el Grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal de la UDEF de la Policía Nacional en un informe incorporado al sumario y que ya trascendió hace tiempo en el que, por ejemplo, a los agentes les llamaba la atención la "cercanía" de los responsables de la empresa Eiriña con técnicos del Concello de Pontevedra.
Además, en algunas de las obras, como es el caso de la reforma de la Avenida de Lugo, la Policía Nacional llamó la atención sobre el hecho de que de los 100 puntos a adjudicar en el concurso "solo 55 lo son por criterios objetivos y el resto sujetos a juicios de valor" y también muestra dudas a la hora de sumar los puntos de un concurso que otorga a Eiriña una calificación muy próxima a la máxima que permitía el proceso (32 de 35).
"Un paripé"
Este informe también recoge algunos pinchazos telefónicos entre el director general de Eiriña y el responsable máximo de la empresa en la que le comunica que la adjudicación de la obra de la Avenida de Lugo es un hecho un día antes de que se celebre la mesa de contratación que va a ser "un paripé".
En cuanto a los responsables políticos, la UDEF se limita a señalar los supuestos incumplimientos del alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, a la hora de levantar los reparos impuestos por la intervención a la decisión de que fuese la propia empresa adjudicataria de las obras quien se encargase de los planes de seguridad y salud durante los trabajos, una práctica reconocida abiertamente desde el gobierno local y justificada en un ahorro de dinero. Una práctica que se corrigió, precisamente, a raíz de esta investigación judicial. Según el TSXG, por ahora no está prevista la declaración de ningún cargo político en el juzgado.
