Es el via crucis que sufre el BNG cada vez que lleva al pleno una propuesta de modificación presupuestaria, y más desde que en diciembre pasado logró aprobar unas cuentas para 2016 aprovechándose de la baja por enfermedad de un concejal del PP., una jugada que los populares no le perdonan al alcalde. Ayer volvió a repetirse la escena. El gobierno local acudía con la pretensión de destinar algo más de un millón de euros del superávit del pasado año a amortizar 800.000 euros de deuda, acometer obras en el mercado (100.000 euros), completar el pago de una expropiación en O Gorgullón (unos 135.000 euros) y otras pequeñas partidas. Y del mismo modo que lo llevó a la sesión, tuvo que marchar de ella sin luz verde. Ningún grupo de la oposición aceptó esta modificación por dos razones básicas: porque el BNG no negoció el asunto antes de la sesión y porque ni PP ni PSOE ni Marea ni Ciudadanos comparten el destino de 800.000 euros a amortizar deuda en lugar de emplear esos fondos en ciertas inversiones.
El concejal de Facenda, Raimundo González Carballo trató de impedir esta nueva estocada de la oposición alegando que la normativa estatal de estabilidad presupuestaria obliga a destinar el superávit de forma preferente a la reducción del endeudamiento municipal, que pasaría de 16,6 a 15,8 millones de euros. Pero la "pinza" ya estaba decida de antemano.
Los grupos de la oposición plantearon varias opciones de inversión, desde la mejora de la plaza da Castaña a la creación de un comedor social o al saneamiento rural, cualquier cosa antes de "devolver dinero a los bancos". Este rechazo a las cuentas es ya habitual desde hace meses y ya han frustrado anteriores planes municipales, como la compra de composteros. Ahora el BNG tendrá que buscar nuevas vías para acometer mejoras en el Mercado y, sobre todo, para abonar el aumento de cuantía de una expropiación junto al río de Os Gafos. Se trata de una parcela de unos hermanos que en su día ya habían conseguido una cifra millonaria por otro solar y ahora forzaron una nueva expropiación cuyo valor fue aumentado por los tribunales. Al no disponer ahora de fondos para abonar la diferencia, como se pretendía, el Concello se enfrenta al peligro de pagar aún más por el crecimiento de los intereses.
