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Un nuevo litigio judicial amenaza el segundo intento de legalizar el parking de Veteris

Otro aparcamiento recurre ante el TSXG el plan urbanístico que aprobó el Concello para amparar al recinto bajo Antón Fraguas

Acceso al parking de Veteris en la calle Antón Fraguas. // G. Santos

El parking de Veteris, bajo la calle Antón Fraguas, regresa a los tribunales. El segundo intento del Concello de legalizar y dar amparo urbanístico a este aparcamiento ya está en manos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en virtud de un recurso de la empresa Tejima (que gestiona otro aparcamiento próximo, entre las calles Joaquín Costa y Filgueira Valverde) contra el acuerdo municipal de abril pasado por el que se aprobaba el Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones con el que se pretende legalizar por completo las instalaciones de Veteris. El Concello ya se ha personado en el asunto, decisión de la que se dará cuenta a toda la corporación en el pleno municipal de mañana jueves.

El parking de Veteris comenzó a tramitarse hace más de una década y abrió sus puertas en octubre de 2010, pero la sucesión de sentencias contrarias provocaron que su funcionamiento haya sido en precario y sin amparo legal o urbanístico, totalmente anulado desde 2014. Esta inseguridad es la que pretende resolver el Concello con el nuevo plan especial de infraestructuras aprobado definitivamente en abril, sin que se formulara alegación alguna, ni siquiera de Tejima, la misma empresa que durante todos estos años logró "tumbar" en los tribunales toda la tramitación municipal de este polémico aparcamiento.

Concesión pendiente

Este documento urbanístico es el segundo que se elabora y se corregían, según la versión municipal, las anomalías que llevaron a los tribunales a anularlo en su día, en especial el trámite de evaluación ambiental. Fuentes municipales apuntan, en todo caso, que este nuevo recurso no paraliza el resto de trámites pendientes, en especial la convocatoria de un concurso que permita adjudicar de forma lícita su concesión, ya que hasta ahora funciona con una autorización a la misma empresa que ejecutó el aparcamiento y los edificios residenciales superiores, sin concurrencia pública.

Con el concurso de "libre concurrencia" se resolvería la otra ilegalidad del proceso: su adjudicación "a dedo" a la actual empresa. Tanto esa adjudicación "a dedo" como el anterior plan de infraestructuras y otros trámites fueron anulados sucesivamente por los tribunales, lo que obligó al Concello a reiniciar "desde cero" todo el proceso. El plan aprobado en abril ya había sido refrendado en julio de 2015 por el Concello, pero la Xunta alertó de que faltaban los informes de telecomunicaciones y de servidumbre aeronáutica, por lo que fue necesario aguardar por ellos para una segunda aprobación y evitar posibles impugnaciones similares a las que tumbaron todo el proceso hasta ahora. Pese a que ahora se considera que "está todo atado" para no incurrir en el mismo problema, la sucesión de anulaciones urbanísticas y jurídicas durante años eliminó por completo toda la base legal anterior de un parking que incluye plazas públicas y privadas compartiendo espacio.

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