La moción presentada por el Partido Popular planteando una rebaja del IBI para el próximo año supuso el primer enfrentamiento de la noche entre gobierno y oposición. El PP obtuvo el apoyo del concejal independiente Roberto Agís y lograron sacar adelante la moción. El PP ya lograra aprobar, igual que hizo anoche, una moción similar con el voto favorable de este edil. Ayer insistió en una rebaja que el gobierno local considera "demagógica e inviable".

En este sentido, David Otero, portavoz del grupo de gobierno tachó de injusta una rebaja lineal que beneficiaría a todos por igual "incluso a aquelas propiedades que están en mans da Sareb".

Otero fue más allá y acusó al PP de buscar una merma en los ingresos anuales que anule la capacidad del tripartito de devolver a los vecinos sus tributos en forma de inversiones.

Pero el argumento más contundente por parte del gobierno, expuesto por David Otero y reiterado por el alcalde, Gonzalo Pita, fue que no es viable la reducción. La vinculación de la ponencia de valores con el Plan de Ajuste impide la reducción propuesta por el PP, al menos en los porcentajes sugeridos.

Pita explicó al PP que hace unas semanas solicitó un informe al respecto a los servicios de Intervención municipal, que indique al gGobierno el margen de reducción y bonificación de que disponen.

Fue Telmo Martín quien puso en cuestión este argumento, dejando claro que las funciones del interventor municipal se limitan a la fiscalización pero "non é o director financieiro do Concello. Non pode decidir".

Otro punto tenso en este debate lo supuso la velada amenaza de Marcos Guisasola, que advirtió al alcalde que las mociones aprobadas son de obligado cumplimiento y no hacerlo "le tendrá consecuencias, aunque no quisiéramos llegar a esos extremos", concluyó.

La Corporación municipal aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día del pleno ordinario de ayer. Sin debate alguno, todos los grupos apoyaron la propuesta del gobierno local de respaldar el recurso de alzada presentado en su momento con un contencioso-administrativo contra la resolución de la Xunta que archivaba la revisión del deslinde con el vecino municipio de O Grove.

También fue escaso el debate en la propuesta de levantar la suspensión cautelar de la expropiación de dos fincas, Ameal y Barreiro, en O Revel.

El apoyo de todos los grupos no impidió a María Deza, portavoz del PP, justificar por qué el gobierno anterior consideraba nulo el convenio del PEI 12.

En un tono especialmente moderado, María Deza expresó su deseo de que el contencioso presentado por el único propietario discordante con el PEI 12 sea favorable al Concello, ya que ello supondrá el ahorro de unos 600.000 euros, que de resultar nulo la administración local debería devolver. Fue rebatida por Vanessa Rodríguez, que reprochó al PP que no hubiese acompañado su decisión de anular el convenio con una partida para devolver los 306.000 de monetarización, así como el valor de las parcelas.

El debate del punto lo cerró el alcalde, recordando que este paso permitirá poner a disposición de la Xunta el próximo mes, poniendo fin a un expediente iniciado hace una década.