El fiscal pide penas de prisión al expresidente y a la exsecretaria por los despidos en la Cámara

Concluye que fueron una represalia de Gómez Rivera y Charo Lorenzo por denunciar las irregularidades en el seno de la entidad

23.09.2016 | 03:04
Rosario "Charo" Lorenzo y Antonio Gómez Rivera durante una reunión en la Cámara en 2012. // FdV
Rosario "Charo" Lorenzo y Antonio Gómez Rivera durante una reunión en la Cámara en 2012. // FdV

La Fiscalía de Pontevedra pide sendas penas de un año y medio de prisión al expresidente de la ya extinta Cámara de Comercio de Pontevedra, Antonio Gómez Rivera, y a la exsecretaria de la entidad, María Rosario Lorenzo Pontevedra, como autores de un delito contra la administración a la Justicia en concurso de otro de prevaricación por los despidos de tres de los trabajadores de la entidad que denunciaron las supuestas irregularidades en el seno del organismo.

Una denuncia ante la Fiscalía que derivó posteriormente en la investigación contra la secretaria de la Cámara, Charo Lorenzo, por cohecho y en la condena a esta última por los contratos de representación de la entidad en Brasil.

El fiscal jefe de la provincia, Juan Carlos Aladro, concluye en su escrito de acusación que los despidos fueron una especie de represalia por parte de los dos investigados, entonces presidente y secretaria de la Cámara, contra los trabajadores del tal forma que Gómez Rivera y Lorenzo Pontevedra "llevaron a cabo una serie de actuaciones en respuesta a la denuncia presentada y movidos por la intención de causar un perjuicio a quienes la habían presentado que concluyeron con el despido acordado por el comité ejecutivo de tres de los empleados denunciantes". Asegura el fiscal que el cuarto trabajador que presentó la denuncia se salvó y no fue despedido "por ser delegado de personal".

Para el fiscal jefe fue "decisiva" la participación de Charo Lorenzo "quien, como denunciada principal en el indicado procedimiento penal, procedió a realizar cuantas actividades fueran necesarias para propiciar la resolución finalmente acordada", es decir, el despido de tres de los cuatro trabajadores que destaparon las irregularidades en la Cámara.

Informe de Deloitte

En su escrito, el Ministerio Público realiza una cronología detallada de los hechos. Tal y como ya quedó reflejado en alguno de los autos emitidos por el juzgado de instrucción 1 de Pontevedra sobre este asunto, los investigados y los órganos de dirección de la antigua Cámara siempre habían justificado estos despidos en el informe elaborado por la consultora de Deloitte a petición del Consello Galego de Cámaras. Un estudio en el que se trazaba un plan estratégico y de viabilidad a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 13/2010 por el que se establecía la desaparición del recurso cameral y que fulminaba una de las principales fuentes de ingresos de estas entidades.

El fiscal detalla que así lo indicó el entonces presidente en funciones de la Cámara, Gómez Rivera, en el pleno del 17 de diciembre de 2012. Allí, asegura Aladro, Gómez Rivera "indicó que el informe de Deloitte muestra la urgente necesidad de adoptar decisiones en dos ámbitos: establecer una organización más funcional de la Cámara y acometer una disminución importante en el coste de la plantilla laboral, disminuyendo el cuadro de personal y acometiendo una rebaja salarial". "En realidad -prosigue el Ministerio Público- el Plan Estratégico elaborado por la firma Deloitte partía del presupuesto de mantener los puestos de trabajo y, en caso de tener que prescindir de alguno en el futuro, debería comenzarse por aquel personal de carácter menos especialista o con tareas únicamente administrativa".

Así, llama la atención en su escrito que todas las áreas de la Cámara registraron un descenso de actividad de un 50 a un 80% salvo la unidad de emprendimiento, en la que trabajaban dos de los tres denunciantes, en la que el trabajo aumentó un 40%. Pese a ello fueron despedidos.

Además del año y medio de prisión, la Fiscalía reclama que tanto Charo Lorenzo como Gómez Rivera sean multados con 3.000 euros e inhabilitados durante ocho años para el empleo de presidente o secretaria de una Cámara de Comercio, respectivamente.

En concepto de indemnización y daño moral, también pide que abonen a los tres trabajadores despedidos la cantidad de tres mil euros a cada uno de ellos.

Como ya se indicó anteriormente, el fiscal no presenta acusación contra el resto de los vocales del comité ejecutivo que avalaron estos despidos, quienes llegaron a estar imputados en la causa. Aladro cree que su participación fue "meramente testimonial, limitándose la misma a la ratificación o no de lo planteado por los órganos permanentes" y sin que "tuvieran conocimiento preciso de las reales intenciones de la secretaria y del presidente" de la Cámara al despedir a estos trabajadores.

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