Vilaboa pide "justicia" ante los expedientes urbanísticos por el retraso del PXOM

Los vecinos protestarán hoy delante del edificio de la Xunta -La aprobación del Plan depende de la institución autonómica -Dos casos están bajo procedimiento penal

21.09.2016 | 05:15
Casa en Postemirón, perteneciente a Lourdes Pérez, que está pendiente de derribo. // Gustavo Santos

Están hartos y exigen "justicia". Los vecinos de Vilaboa se concetrarán hoy, a partir de las 17:30 horas, delante del edificio administrativo de la Xunta para mostrar su apoyo a todos aquellas familias expedientadas por incumplir normas urbanísticas a la hora de la construcción de sus viviendas.

Estas faltas se consideran como tal según la norma subsidiaria de 1988, por la que todavía se rige el municipio. Sin embargo, con el prometido Plan de Ordenación Municipal (PXOM), las edificaciones pasarían a cumplir los requisitos legales. "Al no estar aprobado el Plan, el 50% de la aldea se considera fuera de núcleo. Es ilógico", señala Esther Marín, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Postemirón-A Graña, promotora de la protesta.

El problema del PXOM viene de lejos. Hace una década y media que el Concello lo tramita, por lo que ante esa situación, los vecinos fueron adelantándose y construyendo en lugares que la normativa urbanística legalizaría una vez aprobada. Sin embargo, su aprobación local se fue atrasando en los años. Hasta el pasado marzo, cuando la corporación municipal logró certificarlo provisionalmente. Parecía el fin de los problemas para los vecinos, pero entonces, surgieron nuevas demoras que están poniendo en grave peligro la situación de varios vecinos.

Primero, hubo un atraso porque faltaba un informe de la Secretaría municipal, necesario para que la Xunta lo recepcionase. Tras adjuntarlo, la propia institución regional es ahora la que frena su aprobación definitiva porque falta el informe de Costas. Y esa falta hace que dos familias estén bajo procedimiento penal.

Cárcel y demolición

Una de las afectadas es Lourdes Pérez, acusada junto a su marido de un delito administrativo y otro penal. En su momento, la falta de tejado le impidió acogerse a un proceso de regularización que puso en marcha el Concello. Luego llegó una inspección y con ella, la acusación por un delito administrativo y otro penal. En total, 14.000 euros de multa, un embargamiento de 60.000, orden de derribo de la vivienda y una petición de año y medio de cárcel para cada cónyuge.

El 11 de octubre se celebrará el juicio contra ellos y la Asociación de Veciños ya se ha puesto en marcha para que se retire la acusación o se suspenda el procedimiento penal hasta la aprobación definitiva del Plan, que dejaría la sanción en una simple multa.

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