La Audiencia Provincial de Pontevedra ha vuelto a aplazar el juicio a Rosa María Charlín Martínez, sobrina del patriarca del conocido como clan de los "Charlines", por un presunto delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico por el que el fiscal solicita cinco años y tres meses de cárcel, además de una multa y el decomiso de diversos bienes inmuebles. Charlín Martínez volvió a sentarse ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia pero la vista tuvo que ser interrumpida de nuevo.

Cabe recordar que el juicio ya había sido aplazado en mayo de 2015 para resolver distintas cuestiones procesales previas planteadas por el abogado de la defensa y ahora la causa de la suspensión vuelven a ser las peticiones formuladas por el letrado de Rosa Charlín.

En primer lugar, el letrado reclama que su clienta sea juzgada en un único proceso por blanqueo y no en dos distintos, el que llega ahora a juicio y otro que se sigue ante el juzgado de instrucción número 2 de Vilagarcía también por lavado de dinero negro procedente del tráfico de drogas. Considera que son hechos "conexos" y que, por lo tanto, deberían juzgarse en un único proceso.

En segundo lugar, el letrado defensor solicitó al tribunal que declarase la nulidad de las actuaciones dado que en el escrito del fiscal se solicita el comiso de bienes que, según el Ministerio Público, la acusada adquirió a través de una serie de sociedades que están participadas también por terceras personas. El letrado asegura que el juzgado de instrucción no llamó al proceso ni a estas entidades ni a estas personas por lo que "no se les va a dar la oportunidad de que se defiendan". Así las cosas, pide que se declare nulo lo actuado hasta este momento y que se devuelva el asunto al juzgado de instrucción retrotrayendo las actuaciones hasta el momento en el que se dictó apertura de juicio oral y se debería haber citado a estas empresas y a estos terceros afectados (parientes en su mayoría de la propia Rosa Charlín) a sumarse a las actuaciones, sí así lo consideran oportuno, para defender sus intereses.

Los magistrados de la Sección Segunda consideran que ambas son cuestiones complejas que no se pueden resolver de forma breve por lo que acordaron este aplazamiento para dictar posteriormente un auto en el que respondan a las peticiones de la defensa y a las que se opone frontalmente la Fiscalía. El Ministerio Público cree que en cuanto a la primera petición ya ha sido resuelta por el tribunal y en cuanto a la segunda cree que no es necesario la presencia en el proceso de estas empresas y terceros afectados.