Un año después de que se acordara su creación, la comisión especial impulsada por la oposición para tratar de reactivar la redacción de un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) resolvió ayer sus conclusiones, que declaran "urgente" e "imprescindible" que Pontevedra cuente con un documento que reemplace al "obsoleto" Plan de 1989. Pese a que esta exigencia está respaldada por los colegios de Arquitectos y Aparejadores, Aempe y AJE, entre otros colectivos, el gobierno local (que siempre calificó de "paripé" la comisión cerrada ayer) ha dejado claro que "en las condiciones actuales de normativa es inviable elaborar un PXOM, porque sería perjudicial para el municipio y supondría un retroceso con respecto" al de hace 27 años. Así lo dejó claro la concejala de Urbanismo, Carmen da Silva, que ni siquiera acudió a la reunión de conclusiones.

Pese al clamor de la oposición de la "necesidad" de un nuevo Plan para "definir el modelo de ciudad y el futuro de Pontevedra", todos esos grupos (PP, PSOE, Marea y Ciudadanos) admiten que su trabajo para reimpulsar el documento ya no da más de sí y todo queda en manos del BNG, tal y como admitía ayer la presidenta del grupo de trabajo, María Rey, de C´s: "Solicitaremos un pleno extraordinario y monográfico para pedir explicaciones a la concejala y se visibilice este año de trabajo, pero después de ese pleno, no habrá nada más qué hacer" para lograr el objetivo final salvo "esperar a que haya un cambio de gobierno en el Concello" (en 2019). "Cambiar aceras y peatonalizar no es un modelo de ciudad tal y como yo lo entiendo, sino que debe hacer estudios económicos, de transporte y de futuro real", insiste Rey.

El Plan de Urbanismo actual se aprobó en diciembre de 1989 y quince años después, en 2004, el gobierno local (con el BNG en la Alcaldía) encargó la redacción de uno nuevo. Pero entre 2010 y 2011 se decidió guardarlo en un cajón ante las "diferencias insalvables" con la Xunta, en especial en asuntos como la edificabilidad prevista, que habría que recortar; el proyecto del Hospital de Monte Carrasco, ahora ya superado; y, sobre todo, la declaración de los terrenos de Ence como "industriales" en función de su decreto de supramunicipalidad, extremo que "no estamos dispuestos a aceptar", reiteró ayer Da Silva.

Toda la oposición considera, en las conclusiones aprobadas ayer, que esos tres aspectos (sin entrar en otras muchas discrepancias de menor calado pero también significativas) serían "salvables", en especial los dos primeros. Monte Carrasco ya es pasado y la reducción de la edificabilidad no se ve como un problema grave en una etapa de vacas flacas de la construcción. Y el obstáculo de Ence "podría ser objeto de negociación" y "quedar al margen del Plan" según defienden PP y Ciudadanos (defensores de la continuidad de la planta) pero también Marea y PSOE, contrarios a que la fábrica permanezca en Lourizán.

Sin embargo, el BNG sostiene que esos tres aspectos citados en las conclusiones no son los únicos que "hacen inviable, ahora, un nuevo Plan". A su juicio, se corre el riesgo de que los tribunales "acaben tumbando el documento, como ocurre en Vigo, lo que agravaría la situación", con el añadido de que la normativa actual en materia de tráfico y aparcamientos va en contra del modelo urbano". Por ello, Da Silva dejó claro que no habrá más pasos salvo que "la oposición presente una moción de censura y gobierne el Concello", opción que ya descartan de entrada los demás grupos.