La incertidumbre judicial que desde octubre de 2009 planea sobre el Puerto de Marín todavía no se ha despejado, a punto de cumplirse siete años de la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba ilegales los rellenos portuarios y ordenaba su demolición. Un sinfín de recursos desde entonces mantienen en pie esta inseguridad, una situación que puede afectar al futuro económico de esta actividad básica para la comarca. Así se pone de manifiesto en la última auditoría sobre las cuentas anuales de la Autoridad Portuaria. El interventor territorial de Pontevedra, en representación de la Intervención General del Estado destaca que las cuentas de 2015, las últimas analizadas, reflejan una "imagen fiel" de la situación actual del recinto, pero añade que la sentencia del Supremo que pesa desde 2009 sobre el Puerto "puede afectar al principio de empresa en funcionamiento", es decir, a todo el futuro económico de esas instalaciones.
Es una alerta que tanto la Intervención General del Estado como la Autoridad Portuaria han puesto sobre la mesa en anteriores ocasiones, si bien en esta ocasión, con motivo de la auditoría de las cuentas de 2015, el presidente del Puerto, José Benito Suárez Costa, explica en su informe que desde hace dos años se aguarda por la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre la petición de que la sentencia del Supremo se declare de "imposible ejecución", y coincide con el interventor territorial al señalad que "el desenlace judicial de este asunto puede afectar de forma muy significativa a la valoración de los activos" de la entidad.
El informe que acompaña a la auditoría recuerda que el plan especial del Puerto que acabó anulado en 2009 por el Tribunal Supremo entró en vigor en octubre de 2000. Tras un primer recurso de la asociación en defensa dos Praceres desestimado por el TSXG en 2005, cuatro años después el Supremo ponía los rellenos en la picota.
Se añade que después de numerosas iniciativas judiciales por parte del Estado para evitar esas demoliciones, en junio de 2015 el Supremo estimaba un recurso de queja de la Abogacía del Estado relativo a la superficie concreta que habría que derribar, un dato que no se ha determinado hasta el momento. Con ese auto aumentaron las esperanzas del Puerto de eludir la orden judicial y con ese objetivo se formularon nuevos recursos en octubre de 2015. Paralelamente, en octubre de 2014 (hace casi dos años), la Autoridad Portuaria "promovió ante el TSXG un incidente de imposibilidad legal de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, pendiente de resolución", y que supone, hasta ahora, el único paso para evitar un derribo que supondría el desplome económico del Puerto.
