El edificio apuntalado que se encuentra en el número 19 de la Avenida da Barca, en Poio, forma ya parte de la arquitectura y la estética de esta calle en la última década. Esta construcción fue declarada en ruinas en el 2008 y sus primeros propietarios tramitaron en su día la licencia de demolición para echar abajo una estructura que tuvo que ser apuntalada debido al importante riesgo de desprendimiento de la balconada que ponía en peligro el paso de peatones por su acera.
Cuando parecía que el derribo era ya inminente, allá por el 2014, la operación se detuvo repentinamente debido al cambio de propietario del inmueble, quien solicitó una prórroga a la operación que le fue concedida por el Concello. Dicho retraso en la ejecución del proyecto ya ha caducado holgadamente y el ayuntamiento volverá a tomar cartas en el asunto en las próximas fechas, preocupados en gran parte por el peligro que puede producir la caída de cascotes a viandantes y conductores así como la inseguridad que da observar los más de 20 elementos que sostienen la estructura tan próximos a una carretera muy transitada por camiones que pasan a poca distancia de los elementos de seguridad.
Al edificio no le queda otra vía que no sea la del derribo debido a ser declarado en ruinas en el pasado por los propios dueños del inmueble, tal y como apuntan fuentes de la administración local. De esta forma, el plan de urbanismo actual contempla la posibilidad de construir en esa ubicación un nuevo edificio de similares características al contiguo, en el número 23, que tiene una altura de cinco pisos de alto pero que tuvo que retrasar su posición varios metros hacia atrás para permitir la construcción de una acera mucho más amplia.
Este edificio apuntalado consta actualmente de bajo y dos plantas y fue motivo de polémica años atrás por parte de vecinos y viandantes por la caída de cascotes a la vía pública que ponían en peligro la integridad de quienes circulaban, ya sea en coche o a pie, por las inmediaciones del lugar.
Otra de la problemática que existió en Poio derivada de esta ubicación residió en los inquilinos del inmueble, quienes en un principio no se mostraron muy propensos a abandonar sus viviendas debido a las buenas condiciones económicas que obtenían de un alquiler que pagaban en base a la renta antigua. En cualquier caso el edificio quedó totalmente deshabitado ya a comienzos del año 2014 y hoy, dos año y medio después, el ayuntamiento volverá a retomar una situación que lleva parada demasiado tiempo y coleando en el Concello desde hace una casi una década.
El derribo pondría punto final a una esperada actuación que fue abordada en el Ayuntamiento más de una vez. De hecho, fue en 2008 cuando desde la administración local se instó, en la junta de gobierno, al desahucio de los inquilinos para proceder cuanto antes al derribo.
La posible demolición futura no estará no obstante exentas de complejidad debido a la proximidad de la construcción a la carretera PO-308, en plena curva, y en una zona sin apenas retranqueo con respecto a la vía pública.
