La Fiscalía Provincial de Pontevedra acaba de presentar escrito de acusación contra un empresario, Manuel L. S. M., administrador de una empresa de transportes y logística al que la imputan un delito de estafa. Supuestamente, logró que su empresa cobrase portes que no realizaba, sino que llevaban a cabo miembros de una importante cooperativa de transportes que luego no podía facturar estos trabajos.
Así lo explica el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, quien sostiene además que esta persona fue empleada de una sociedad que era filial de la cooperativa y que ideó un plan "consistente en indicarle a la cooperativa que determinados portes los facturar a una determinada empresa" en tanto que el acusado facturaba los mismos portes a las empresas que realmente los habían encargado y que estas pagaban en la creencia de que era la firma del implicado quien realmente había realizado el transporte. Finalmente, la Cooperativa no podía cobrar los portes realizados al no haber sido ejecutados por la empresa indicada por el acusado.
El fiscal relata un total de cuatro casos distintos en los que supuestamente ocurrieron este tipo de hechos con diversas empresas y transportistas y concluye que el acusado "se prevalió de su credibilidad empresarial para conseguir el abono de transportes que no había realizado su empresa".
También le imputa haberse apropiado de un ordenador valorado en 900 euros que no restituyó a la cooperativa al cesar en su puesto de trabajo.
Para el Ministerio Público el acusado Manuel L. S. M. incurrió en un delito de estafa en un concurso medial de falsedad por lo que solicita que se le imponga una pena de cuatro años de prisión, así como diez meses de multa con una cuota diaria de diez euros. También lo considera autor de un delito de apropiación indebida por el que reclama un año más de prisión.
Indemnización y multas
El acusado y su empresa, según el fiscal, deberían además indemnizar a la cooperativa de transportes pontevedresa con los 6.069 euros de los portes que supuestamente cobró de manera indebida, además de los 900 euros en los que está valorado el ordenador. Asimismo, reclama una multa de 24.276 euros a la empresa del acusado así como imponerle las costas del proceso.
La Fiscalía remitió el escrito de acusación al juzgado de instrucción número 1 de Pontevedra que es el que instruye el caso tras la denuncia presentada por esta cooperativa que agrupa a en torno a un centenar de transportistas.
