En el caso del empresario Juan Luis Abal Piñeiro, el fiscal añade también un segundo posible ilícito al acusarle de un delito contra la hacienda pública. En su escrito de acusación asegura que la empresa presentó una declaración por el Impuesto de Sociedades en el ejercicio de 2010 en el que "de manera consciente y movido por la intención de incumplir sus obligaciones tributarias eludió hacer referencia al importe recibido por la expropiación".
Según la investigación de la Fiscalía, dicha expropiación le habría supuesto unos beneficios de 1,2 millones de euros, por lo que calcula una cuota defraudada de 372.571 euros.
El fiscal reclama una pena de 10 meses de prisión por este delito para Juan Luis Abal, así como una multa de 300.000 euros (pide la imposición de otra sanción de 400.000 para la empresa) aunque le aplica el atenuante de reparación del daño. Y es que el empresario, una vez que fue citado a declarar en Fiscalía por estos hechos, presentó una declaración complementaria e ingresó la cantidad de 372.571 euros supuestamente defraudada. Más adelante abonó otros 86.077 euros en concepto de recargo e intereses.
Alquileres de Louzán
Estas actuaciones surgen de la misma investigación que dio origen a la causa judicial que llevó a la Fiscalía a presentar escrito de acusación contra Rafael Louzán (de quien Juan Luis Abal Piñeiro es primo tercero) por los supuestos sobreprecios en unos alquileres de Navia. Sin embargo, finalmente la Fiscalía y el juzgado decidieron separar ambas causas y tramitar dos asuntos diferentes al concluir que no había relación entre ellos.
