La Fiscalía General del Estado y el Seprona de la Guardia Civil han visto recompensado su trabajo en materia de Medio Ambiente con la obtención del premio "ECA Ozone Protection Aguad Foz Cumstoms Enforcement Officers" del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Un galardón que les ha sido concedido en gran medida por una investigación desarrollada en su mayor parte en Pontevedra y en la que tuvo una gran participación la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de la provincia.
Tal y como recoge el Ministerio Público en su portal "fiscal.es", la operación "Xiada" contra el comercio ilegal de sustancias que afectan a la capa de ozono fue uno de los principales argumentos para que la Fiscalía y el Seprona recibieran este galardón.
Esta investigación culminó con la investigación de 20 personas jurídicas y la inspección de una empresa y cinco buques pesqueros en la provincia de Pontevedra por el supuesto uso y comercialización ilegal del gas R-22. Actualmente su uso está prohibido en casi todo el mundo porque afecta directamente a la capa de ozono atmosférico reduciendo su espesor.
Esta investigación de la Guardia Civil y de la Fiscalía permitió incautarse de 37.000 kilos de este gas que podrían haber generado unos beneficios de un millón de euros. A pesar de estar prohibido, la investigación permitió determinar que había empresas en Pontevedra que lo pudieran estar utilizando igualmente debido a los beneficios que reporta. Es utilizado principalmente para la producción de frío, en este caso en buques pesqueros. Su uso ilícito permite un importante ahorro, dado que el coste de este gas es de unos 10 euros el kilo, mientras que sus sustitutos legales tienen un precio de unos 30 euros el kilo.
Según la investigación, una empresa española habría podido estar comercializando ilegalmente el gas, utilizando distintas argucias técnicas para camuflar la realidad de su actividad empresarial. Para ello, escondía cantidades, destinos reales y objeto de la actividad.
