La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Ordenación do Territorio, acumula ya este año al menos quince demoliciones de otras tantas edificaciones ilegales en la comarca. Hasta nueve municipios han sido objeto de la "visita" de la "piqueta" autonómica, que ha derribado desde galpones a inmuebles residenciales, pasando por estructuras a medio hacer y "casas" de bloques, todas ellas levantadas de forma irregular, sin licencia, en terrenos donde no está permitido edificar e incluso en servidumbre marítimo terrestre.
Desde la puesta en funcionamiento de la APLU, en 2008, la práctica totalidad de los municipios han sido escenario de algún derribo (muy por encima de los sesenta casos en esos ocho años), pero en apenas seis meses de 2016 ya se acumula una buena concentración de actuaciones de este tipo y en un amplio espectro de territorios. Así, ya son nueve los concellos con demoliciones este año, un listado que vuelve a encabezar, como es habitual ejercicio tras ejercicio, Sanxenxo, que ya suma cinco. En Marín ya se han ejecutado tres, según los datos oficiales de la Axencia, que cita otros siete municipios con una actuación en cada caso: A Lama, Caldas de Reis, Cuntis, Moraña, Poio, Ponte Caldelas y Vilaboa.
En toda la provincia se superan las sesenta demoliciones con Redondela y Bueu como los municipios con más casos (7). También destaca Cangas (6).
La página web de la APLU informa de algunos de estos derribos. Así, se cita el caso de un galpón demolido en enero por ocupar suelo de servidumbre marítimo-terrestre en Sanxenxo, municipios donde en junio pasado la piqueta eliminó una gran construcción (que se reproduce en la primera fotografía) y un mes después otra mucho más modesta. En ambos casos ocupaban suelo urbanizable no sectorizado.
En Marín se derribó en mayo una "edificación con tipología residencial en suelo rústico especialmente protegido" por su proximidad a cauces de agua, mientras que en Cuntis se echó abajo en marzo una estructura de pilares de una casa inacabada.
Por su parte, Vilaboa no quedó al margen de estas actuaciones, ya que en enero se derribó una edificación en suelo rústico de protección ordinaria. En este municipio es donde más han arreciado las protestas de los afectados, ya que además de las advertencias de la APLU y los avisos de multa, incluso se han recibido notificaciones de petición de penas de cárcel por parte de la Fiscalía.
En este caso los vecinos alertan de que decenas de viviendas de los núcleos de Postemirón y A Graña están actualmente fuera de ordenación y bajo la amenaza de la "piqueta", un problema que, según ellos, se resolvería con la aprobación de un PXOM que lleva ya tres lustros en diseño y que, al fin, se encuentra ahora aprobado inicialmente., aunque no ha entrado aún en vigor.
Precisamente el asunto fue objeto de debate en el pleno del pasado viernes en el Concello de Vilaboa, a raíz de una queja del PP por el retraso en la creación de la comisión de seguimiento del Plan. Beatriz Rosendo, portavoz del PP, recordó que la reunión con los vecinos de Postemirón se celebró en junio y en ella se anunció la creación de esta comisión de seguimiento, con dos miembros de cada grupo municipal y dos representantes vecinales. Su objetivo era que todos sus integrantes fueron informados "en tiempo y forma" de las novedades en torno al PXOM.
