Los últimos cuatro últimos acusados de un fraude fiscal en la venta de gasóleo realizado hace más de quince años han sido declarados culpables por seis delitos contra la hacienda pública y otro de falsedad. Eran los únicos que seguían defendiendo su inocencia de una veintena de acusados inicialmente. Se trata de los funcionarios de Aduanas José Carrón González y José Ángel Corcoba Conde y los hermanos Jesús Ángel y Juan Castro García, responsables de la empresa estradense Carburantes Acibro, ya desaparecida.
La Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra retomaba a mediados de marzo el juicio por el denominado macrofraude del gasóleo, que ha finalizado con una sentencia en la que se condena a los dos empresarios a un año de prisión por cada uno de los seis delitos contra la Hacienda Pública, con un total de seis años. Por su parte, los funcionarios han sido condenados a ocho meses de prisión por cada uno de los seis delitos a la Hacienda Pública que cometieron y un año más por un delito de falsedad., lo que suma cinco años. Se daba la circunstancia de que José Carrón González era jefe territorial en Pontevedra del Servicio de Vigilancia Aduanera, SVA. Los hechos juzgados se remontan a los años 1999 y 2000 y supusieron un fraude de unos 20 millones de euros.
Con esta última sentencia se pone fin a un caso cuyo primer juicio comenzaba en noviembre de 2015 pero cuya instrucción se inició hace 16 años en Ferrol. El macrojuicio tuvo lugar contra 22 acusados, que inicialmente eran 23, un número que se redujo debido al fallecimiento de uno de ellos antes de que comenzase la vista. La Fiscalía les acusaba de un fraude de unos 20 millones de euros a Hacienda en la venta de gasóleo.
Entre los primeros condenados se encontraban doce que reconocieron los hechos que les imputaba el fiscal y aceptaron penas que iban desde multas hasta 19 meses de prisión en los casos más graves. Entre estos se encontraban tres mandos de puestos de la Guardia Civil de O Barbanza que asumieron una pena de multa y un año de suspensión como guardias civiles al reconocer haber cometido el delito que se les atribuye pero por imprudencia, al certificar unos repostajes de vehículos del Instituto Armado sin cerciorarse de que estos se hubieran producido.
Además, en aquel primer macrojuicio se retiraron los cargos contra otros cinco imputados: José González González, María Sol García Limia, José Castro Puente, David Carro Iglesias y José Veiga Álvarez. Todos ellos fueron absueltos.
La lista de acusados se completaba con una persona en paradero desconocido y los cuatro acusados que no reconocían los hechos y que ahora han sido condenados. Entonces, el fiscal avanzó que reduciría las penas de cárcel que solicitaba para ellos por la atenuante de dilaciones indebidas, al comenzarse la instrucción 16 años.
La voluminosa sentencia de la Audiencia Provincial considera que los últimos cuatro acusados, que nunca reconocieron los hechos, son responsables de seis delitos contra la hacienda pública y otro de falsedad, este último en el caso de los agentes del SVA, como "cooperadores necesarios". Aunque hubo que rebajar las penas por la dilación del proceso, el fiscal les reclamaba la devolución de las grandes cantidades defraudadas a Hacienda. De los cerca de 20 millones supuestamente defraudados en esta operación, se calcula que más de 15 correspondían a Carburantes Acibro.
Los responsables de la empresa, hermanos, negaron los hechos en todo momento. Juan Castro García llegó a asegurar que él se comportaba como un "mero recadero" y que desconocía todos los detalles de la administración. Por su parte, Jesús Ángel Castro García descartó la posibilidad de cualquier tipo de fraude alegando que la firma estaba sometida a "exhaustivos controles".
En cuanto a los funcionarios, el que fue jefe provincial del SVA, José Carrón González, explicó ante el tribunal que su detención le pilló totalmente desprevenido. Aseguró que había sido su jefe regional quien le había anunciado que se iba a producir y que el aviso le había dejado completamente en "shock", un estado con el que justificó que no fuese capaz de explicar en el juzgado lo que estaba ocurriendo. Dijo que se encontraba inmerso en una investigación sobre una petrolera a nivel nacional por la venta de gasóleo a bajo precio, por lo que hacía labores de "infiltrado" para obtener más información al respecto. Esto, justificó, está relacionado con la connivencia que "simulaba" con los intereses de los otros acusados, a quienes tenía "más o menos" engañados, afirmó durante el juicio.
Por último, José Ángel Corcoba era agente de investigación del Servicio de Vigilancia Aduanera. Era uno de los encargados del organismo de llevar a cabo las inspecciones a empresas que estaban siendo investigadas.
