Los propietarios de todas las viviendas del rural, están obligados a conectarse a la red municipal de saneamiento siempre y cuando dispongan de este servicio cerca de sus casas y sea técnicamente posible el enganche. Para comprobar si se cumple esta obligación, el Concello puso en marcha hace meses una inspección en las parroquias que provocó una gran polémica ya que se decidió girar la tasa de alcantarillado a todas las viviendas en esa situación, estuvieran o no conectadas.

Pero al margen de la tarifa, esta primera inspección puso de manifiesto que al menos la mitad de los vecinos del rural declina enganchar sus casas a las tuberías. Aunque el saneamiento siempre aparece como una de las primeras demandas entre las peticiones de los residentes en las parroquias, el uso efectivo del servicio se desploma cuando los vecinos descubren que la acometida domiciliaria (es decir, el tramo de tubería desde cada casa hasta la red general) corre a cuenta de cada uno de ellos, con facturas que en raros casos baja de los 500 euros. Es entonces cuanto deciden prescindir del saneamiento municipal y continuar con las fas sépticas habituales.

El concejal de Facenda, Raimundo González Carballo, explicó ayer que el muestreo general en las ocho parroquias ya inspeccionadas (en alguna de las cuales las quejas por el cobro de la tasa fue más virulenta, como en Campañó) "constató un índice brutal de casas no conectadas, que en algunos casos superaba el 50% de todo el territorio". El edil subrayó que estas conexiones "son obligatorias" y anunció ayer la contratación de una empresa especializada para inspeccionar las siete parroquias restantes.

Durante los próximos siete meses y medio, los técnico de esta compañía acudirán a Santa María de Xeve, San Andrés de Xeve, Bora, Marcón, Tomeza, Salcedo, A Canicouva y Pontesampaio para comprobar, donde existe servicio en funcionamiento, que las casas susceptibles de conectarse lo están de modo efectivo. González Carballo recordó que el saneamiento en el rural "implica una elevada inversión", que cifró en una "media de 10.000 euros por vivienda" y supone un "despilfarro de dinero público su instalación para que después no se utilice".

La próxima obra de este tipo que se pretende ejecutar es la de Mourente y una parte de Bora, a lo largo de la N-541. Desde hace varias semanas se trabaja en el estudio de las ofertas presentadas para un proyecto que ronda el millón de euros. El gobierno local confía en que se adjudique en cuestión de días y se pueda ejecutar al mismo tiempo que la urbanización de la carretera, ya contratada por el Ministerio de Fomento por unos dos millones de euros.