"Preocupación ninguna, porque no hay base legal" para que la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia investigue, como pide el Puerto de Vigo, la subasta por la que Maersk decidió trasladar de la terminal viguesa a la de Marín sus tráficos de contenedores. La alcaldesa marinense, María Ramallo, expresidenta de la Autoridad Portuaria hasta 2005 y actual consejera, defendió ayer la "plena legalidad" de la naviera noruega a la ría de Pontevedra frente a la nueva campaña emprendida por el presidente del Puerto de Vigo, Enrique López Veiga para que se revise esa decisión por una supuesta "alteración de la libre competencia" en cuando a los trabajadores de estiba y desestiba de ambos recintos, entre otras razones.
Ramallo esgrimió ayer la postura oficial de Puertos del Estado, que en abril ya desestimó por completo todos los argumentos de López Veiga, pero que ahora los vuelve a plasmar en un informe de 48 páginas dirigido al mismo organismo. "Puertos del Estado ya nos dio la razón", recuerda y lanza un claro mensaje al recinto olívico: "Entiendo que cada uno defienda lo suyo, pero sin meterse con los demás". Y subraya que "Marín también perdió tráficos y busca otros nuevos sobre la base de la calidad de su servicio", algo que aconseja que se haga también desde Vigo.
La tranquilidad, al menos de modo oficial, reina en el Puerto de Marín frente a la campaña emprendida por López Veiga. Mientras desde la presidencia de la Autoridad Portuaria, que asume José Benito Suárez Costa se mantiene el silencio ya habitual desde que comenzó esta polémica, es Ramallo la que encabeza la defensa en público de la actividad desde su puesto de alcaldesa y gran conocedora del sistema portuario, tras pasar por la presidencia y formar ahora parte del Consejo de Administración. "Marín ta tiene experiencia de perder tráficos a favor de Vilagarcía o de Vigo, pero el caso de Maersk tiene mayor impacto mediático porque nunca se había dado el caso de que un puerto grande pierda ante uno menor, pero se trata de una práctica del mercado; cada cliente busca los mejores servicios y los puertos deben ser competitivos".
El centro del debate y de la acusación de "alteración de la libre competencia" está en los costes de estiba y desestiba de los barcos. Ramallo explica que todo el personal que se encarga de esa labor en Vigo pertenece a la Sociedad Anónima de Estibadores Portuarios (SAGEB), de carácter público, "pero en Marín la plantilla de esta empresa es mucho menor y se acude a empresas privadas", con unos costes menores, de ahí que la consignataria Pérez Torres se hiciera en su día con el contrato de Maersk. "Esto entra dentro de la autonomía de cada Puerto", insiste Ramallo y "si en Marín hay menos trabajadores públicos no es culpa del consignatario; es consecuencia de una evolución en el tiempo".
Recuerda que la llegada de Maersk no es la única que se ha producido en los últimos años, ya que Marín ganó tráficos en fruta, aerogeneradores o helicópteros. "Se trata de hacerlo bien, de disponer de una cadena de remolque, atraque, estiba, suministro de víveres, atención a la tripulación que funcione de modo eficaz y en poco tiempo. Ya nos gustaría disponer de los grandes cruceros que llegan a Vigo o de líneas de derivados del petróleo, pero no tenemos infraestructura para ello por lo que se trata de ser competitivos en otros ámbitos, con buenos precios y buen servicio".
La alcaldesa defiende también el papel de la Autoridad Portuaria de Marín en este asunto, ya que "tuvo que trabajar a toda velocidad para dar respuesta a unas necesidades llegadas de la noche a la mañana", cuando Pérez Torres recibió la concesión, por un año en principio, de la consignación de los contenedores de Maersk.
