El Puerto de Vigo aumenta la presión sobre Puertos del Estado para que remedie la "alteración clara de la libre competencia" que a juicio del presidente Enrique López Veiga hizo que Marín ganase la subasta de tráficos de Maersk. El organismo estatal rechazó de plano la primera petición para que adoptase medidas dirigidas a restablecer la competencia entre ambos puertos en igualdad de condiciones y que prohibiese la actividad de la naviera en la marinense por la ilegalidad de sus rellenos. Alegó entonces que el conflicto planteado se ubicaba "en el ámbito de las relaciones comerciales entre las empresas privadas [Termavi, concesionaria de la terminal viguesa de contenedores; Pérez Torres, de la marinense"]. Hasta su máximo responsable, José Llorca, acusó a Veiga de "equivocarse en todo respecto a Marín; no se puede hablar de oídas sin conocimiento jurídico". Pues el presidente vigués insiste y con una contestación formal de 48 páginas donde argumenta la existencia de "suficientes indicios" por los que el organismo estatal estaría obligado a solicitar una investigación de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia.
"Reiteración de solicitud de adopción de medidas cautelares para remediar la alteración de la competencia efectiva en la prestación de servicios portuarios que se produce entre las Autoridades Portuarias de Marín y Ría de Pontevedra y la Autoridad Portuaria de Vigo". Este es el asunto tratado en la carta a la que ha tenido acceso FARO que el presidente del Puerto de Vigo envió al de Puertos del Estado a finales de junio y que el 5 de julio remitió a todos los miembros del Consejo de Administración. En ella abunda en los argumentos expuestos en su primer escrito al considerar Veiga que la respuesta ofrecida por Puertos el 18 de abril presenta "errores manifiestos" y "no entra ni en el fondo ni en la forma" de lo planteado.
Para el presidente vigués, "es de una ligereza incomprensible" que Llorca circunscriba el conflicto al ámbito de las relaciones entre empresas, "máxime cuando estamos en un entorno legislativo considerado ilegal en aspectos que inciden de manera especial y decisiva en el resultado de la competencia efectiva entre Termavi y Pérez Torres, competencia profundamente alterada por las circunstancias y acciones pasadas del Estado".
Porque Puertos no apreciaba "alteración o transgresión de las reglas del libre mercado" sino "una consecuencia del libre mercado que prima al máximo la eficiencia en perjuicio del que lo es menos". Para Veiga, decir esto es un "absurdo desde el punto de vista legal". Recuerda que España "acaba de ser condenada y apercibida precisamente por no respetar entre otras cosas el principio de libertad de establecimiento que es uno de los pilares básicos de la Libertad de Mercado". "Digámoslo claramente: en los Puertos de Interés del Estado no existe la libertad de comercio ni de empresa". Así que en este sentido sólo se explica la respuesta de Llorca en "un deseo de despachar, tan solo en 10 días, este asunto tan complejo y trascendente no solo para el terminalista afectado o los que lo puedan estar en el futuro sino para el futuro del Puerto".
Tan convencido está su razonamiento que asegura que "hasta un ciego "vería la situación generada como resultado de la subasta de Maersk que ha puesto en competencia a tres terminalistas gallegos -Vigo, Marín y Vilagarcía- "resulta de una alteración clara de la libre competencia, lo que provoca una distorsión no solo de este mercado sino de otros muchos". Por eso ve "injustificable" que Puertos no viese ni siquiera necesario hacer un estudio sobre las condiciones existentes en ambos puertos "en lo relativo a estructura de costes y las situaciones legales".
Esta aparente "distorsión de la competencia", defiende Veiga, provoca" daños que van más allá del causado al terminalista vigués". "Se extienden a muchas industrias auxiliares y diversos organismos oficiales que se ven afectados por el traslado de actividad del Puerto de Vigo al de Marín", aduce. Estas empresas deberán afrontar costes adicionales al verse obligadas a operar en la terminal vecina. Ante este perjuicio, Veiga avisa de que "si alguien pudiera verse tentado a compensarlas con prácticas también restrictivas de la competencia, por ejemplo, como compensaciones de precios en labores que no están relacionadas entre sí, estaremos muy atentos". En todo caso subraya que el Puerto de Vigo "no tiene nada en contra del Puerto de Marín".
Como primera medida, el Puerto de Vigo solicita a Puertos del Estado que ponga el caso en conocimiento de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia "de acuerdo con la obligación" recogida en el artículo "124-1-a" del Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante. Basándose en esos "suficientes indicios " expuestos en las 48 páginas de su escrito, en la situación competitiva entre los terminalistas de Vigo y Marín concurren "circunstancias que podrían resultar contrarias a la ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia o bien al propio TFUE (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea)".
Situación legal de los rellenos
En paralelo, "en aras de restablecer las condiciones de una competencia equitativa entre los puertos de Vigo y Marín", y por el "indudable efecto negativo tanto en las operaciones de carga y descarga en Vigo como en los operadores del área de su competencia y los sectores económicos que constituyen su clientela, el Puerto de Vigo reclama a Llorca la aplicación de medidas para mantener el status quo entre ambos puertos. Para ello propone que se prohiba el aumento de las operaciones de carga y descarga en Marín "por encima de la actividad de 2015". "Al menos hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie definitivamente al respecto", concluye en referencia al recurso de queja interpuesto por Marín ante la sentencia firme dictada en 2009 por el Alto Tribunal que declara ilegal rellenos y obras ejecutadas en esta terminal.
