Nuevo capítulo en el enfrentamiento entre la Diputación de Pontevedra y el exconcejal de Moraña, Jorge Caldas, el popular que había ocupado el cargo de responsable de Igualdad en ese Concello. El Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra ha decidido archivar la denuncia presentada contra él por el organismo por haber llamado "mala zorra" , "sinvergüenza" y "menuda furcia", entre otras cosas, a la presidenta Carmela Silva, una noticia que ha causado un profundo malestar tanto a esta como al Gobierno provincial, que ya ha anunciado que la recurrirá.
El pasado 29 de enero a las cinco y media de la tarde el que fue concejal del PP en Moraña Jorge Caldas publicaba en Facebook un comentario ofensivo contra la presidenta de la Diputación. En él la insultaba duramente al dirigirse a ella como "mala zorra" , "sinvergüenza" y "menuda furcia hija de puta". La polémica, destapada por dos concejales del BNG, se recrudecía aún más después de que la alcaldesa de la localidad, Luisa Piñeiro, le diese "me gusta" al citado post, algo que llamó la atención de los socialistas, que, en su momento, exigieron responsabilidades al PP por ambos hechos. Finalmente, Caldas renunciaba a su cargo, en el que además, era el responsable del área de Igualdad.
Pese a esta dimisión, la Diputación decidió presentar una denuncia por las expresiones proferidas por el popular, al considerar que tenían un marcado carácter machista. Sin embargo, la jueza que firma el auto, Rosa García Prado, magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra, con competencia en materia de violencia sobre la mujer, considera que cualquiera de los calificativos que Caldas profirió contra Silva a través de Facebook, aunque de carácter "soez", se incluyen dentro de la "libertad de expresión", motivo por el cual ha decidido archivar la denuncia.
La decisión no ha gustado en la Diputación, que ya ha anunciado, a través de su presidenta, que presentará un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Aunque Silva dijo no hacer valoraciones de las resoluciones judiciales, manifestó su "absoluta incomprensión" frente a unos "insultos gravísimos de marcado carácter sexista". "Consideramos que son injurias graves contra un cargo público", aseguró en una comparecencia de urgencia a mediodía de ayer.
La presidenta de la Diputación recordó que el machismo está contenido en el Derecho Penal como un delito. "Yo no me atrevo ni siquiera a repetir los insultos que se profirieron contra una presidenta de una Diputación en las redes sociales porque me da vergüenza utilizar esos calificativos", aseguró.
"Lo que a mí me preocupa es que son violencia machista, porque la violencia de género no solo es la agresión física o el asesinato de una mujer. Insultar con ese tipo de calificativos también lo es", añadió Silva, que subrayó que en su caso, como presidenta del Gobierno provincial, tiene recursos para enfrentarse a este tipo de actos, "un atentado contra las mujeres", pero que hay otras que no disponen de ellos, "que no tienen voz y son agredidas cada día". "A esas mujeres les estamos diciendo todos los días que sean valientes y que denuncien. Cuando conozcan el contenido de este auto, se les está diciendo que no merece la pena denunciar porque va a ser archivada o va a ser desestimado el recurso", aseveró.
Lo que más ha indignado a Carmela Silva es que la jueza haya justificado los duros apelativos de Jorge Caldas con la libertad de expresión. "Parece que es un derecho tan total y absoluto que significa que las mujeres que las mujeres tengamos que aguantar los insultos que se profieran a través de las redes sociales", dijo al respecto.
Por otro lado, la socialista destacó que la Fiscalía "sí que considera que hay un delito en esos graves insultos", "por parte, además, de un cargo público, un concejal que era, ni más ni menos, responsable del área de Igualdad".
Respecto al hecho de que Rosa García Prado tenga, asimismo, competencia en materia de violencia sobre la mujer, Silva insistió en que determinadas palabras también son violencia de género. "Todavía me resulta más incomprensible y me sorprende, porque estamos hablando de alguien que tiene conocimientos", explicó.
"Como responsable política, yo también tengo una obligación moral al presentar primero una denuncia, un recurso contra una desestimación de esa denuncia y ahora un recurso contra el auto que desestima el caso", terminó.
