El requerimiento realizado hace pocas semanas por el Concello de Bueu al Ministerio de Medio Ambiente y Augas de Galicia a cuenta de la sentencia de la UE que condena al Estado por la contaminación en la ría de Pontevedra ya tiene respuesta. Una contestación que desde el gobierno local no ocultan que les satisface puesto que excluye al municipio del origen de esa contaminación. La documentación remitida desde el ministerio constata que el funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales de Cabalo se ajusta a lo establecido en las directivas de la Unión Europea y afirma que no se requiere "ninguna medida a implantar".
Esta respuesta llega después del requerimiento realizado por los servicios jurídicos municipales al Estado y a la Xunta, un escrito en el que se expresaba el malestar municipal por la inclusión de Bueu en esa sentencia y por haber sido incluido en la aglomeración urbana Pontevedra-Marín-Poio sin el trámite de audiencia previa. "Nos diriximos varias veces a Augas de Galicia para verificar se había algún problema co saneamento e sempre se nos dixo que non formabamos parte do problema, pero o queríamos por escrito", argumentó el alcalde, Félix Juncal.
Son varios informes del Ministerio de Medio Ambiente, datados entre 2012 y 2014, en los que se afirma que "de los resultados analíticos de los años 2011, 2012 y 2013 se desprende que sigue siendo conforme a la directiva europea" 91/271/CEE. La misma documentación pone el foco sobre la depuradora de Placeres, donde el Estado contestaba a la UE que "se está trabajando en la mejora de las redes de saneamiento y se están llevando a cabo los estudios necesarios para definir la reforma de la depuradora".
Según el gobierno local, la única razón por la que Bueu forma parte del "área sensible" de la ría de Pontevedra es porque la depuradora de Cabalo tiene el correspondiente emisario para verter a la ría de Pontevedra, a diferencia de Sanxenxo. "Este informe nos exonera dende o ano 2011 dos problemas de contaminación na ría", subraya Juncal. El alcalde defiende además la actual capacidad de la depuradora y reconoce que desde hace tiempo Concello y concesionaria discuten sobre quién debe asumir el coste de explotación del sistema de desinfección por rayos ultravioleta, que ya está instalado desde hace años.
