La ordenanza municipal establece un calendario de inspecciones, con el objetivo de llegar al año 2018 con la totalidad del parque edificatorio de más de 50 años revisado. Estos plazos responden al elevado volumen de edificios, naves industriales y casas unifamiliares que tendrán que pasar la evaluación y que debe pagar cada propietario. Se estima que su coste oscila entre los 500 y los mil euros. En 2015 tuvieron que pasarla los edificios construidos antes de 1943 y en 2016 los de 1953. Los inmuebles anteriores a 1963 deben entregar el certificado en 2017 y hasta el final de 2018, las viviendas unifamiliares y edificaciones de uso no residencial.
Para los edificios BIC, catalogados o inventariados, se habilitaron tres plazos diferentes: los anteriores a 1900 hasta el final de 2015; los anteriores a 1925, hasta el final de 2016: y las edificaciones rehabilitadas integralmente a partir de 1990, hasta el final de 2018.
La ordenanza de evaluación de los inmuebles entró en vigor en abril de 2015 y contó con la colaboración, en su redacción, de diversos colegios profesionales del sector. Vino a sustituir a la anterior ordenanza municipal que se limitaba a ordenar la seguridad de las fachadas, sin incidir en otros aspectos como cubiertas o servicios interiores, que sí se tienen en cuenta en la normativa actual.
