El Bloque Nacionalista Galego exige al Concello de Marín que envíe a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta la documentación necesaria para evitar las multas e incluso las amenazas de derribo de las viviendas amenazadas por estar en terreno marítimo-terrestre. La nueva Ley de Costas abrió una ventana a la regularización de estas viviendas anteriores a la modificación de la norma en 1988, por lo que, de acuerdo con la legislación vigente, ya deberían estar fuera de peligro tras la regularización de los núcleos por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, según afirma el BNG, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, encargada de ejecutar los derribos, solicitó en 2015 al consistorio los informes que acreditan que estos núcleos se pueden acoger al procedimiento de regularización sin haber recibido desde entonces respuesta.

Los nacionalistas advierten de que la "pasividad" del Concello ha provocado que algunos de los vecinos afectados ya hayan recibido notificaciones de apertura de expediente con sanciones coercitivas y, en algunos casos, el apercibimiento de derribo. Además del informe que tendría que enviar a la APLU, el BNG insta al gobierno local a solicitar al Ministerio de Medio Ambiente la orden de rebaja de la línea de servidumbre porque los expedientes, asegura, están a punto de caducar. De ser así, esto supondría, en palabras del Bloque, "otro retraso insoportable para los vecinos afectados que no pueden dar solución definitiva a su problema".

Medio Ambiente, señala la formación nacionalista, reconoció los núcleos del litoral "después de una larga lucha" , solo este trámite administrativo, consistente en poner en conocimiento de la Xunta el informe del Servicio de Costas del Estado, mantiene la incertidumbre entre los afectados.