El decano del Colegio de Abogados de Pontevedra instó a los poderes públicos a que la Justicia Gratuita sea objeto de "especial protección y compromiso" dado que afecta a un "derecho tan fundamental como el acceso a la Justicia y la tutela judicial efectiva".
Además, exigen también a los poderes públicos y especialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se apliquen las garantías constitucionales a detenidos y presos conforme las recientes modificaciones legales en la materia y derivadas de la transposición de directivas comunitarias a la legislación estatal. Recomiendan a todos los abogados, especialmente a los adscritos al turno de oficio, la aplicación del Protocolo de Garantías del Detenido aprobado por el Consejo General de la Abogacía Española.
