Cuatro años después de la apertura del puente das Correntes sobre el río Lérez, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 acaba de resolver la reclamación de casi dos millones de euros que las empresas adjudicatarias Sercoysa, Atlántica de Construcción y Ogensa presentaron en 2014 contra el Concello por diversos impagos e indemnizaciones. La sentencia condena al Ayuntamiento a indemnizar con 99.000 euros a esas constructoras por la paralización de las obras que en junio de 2009 decretó Costas al iniciarse los trabajos en terrenos marítimo terrestres sin su permiso. Aquel parón se prolongó diez meses.
Esta indemnización de 99.000 euros forma parte de un montante global que el Concello debe abonar a las empresas de 246.000 euros por diversos conceptos, si bien esa cifra supone menos del 15% de lo que reclamaban esas compañías, que llegaba a 1.752.000 euros. El juzgado rechaza la entrega de más de millón y medio, según destacó ayer el gobierno local, que no prevé recurrir esta sentencia, que aún no es firme.
Se abrió en junio de 2012
El puente das Correntes se liquidó en 7,3 millones de euros tras su apertura en junio de 2012, pero las constructoras reclamaban dos millones por supuestos sobrecostes en la ejecución. Ya en febrero de 2011 presentaron una reclamación similar que fue rechazada por el Concello, sin que fuera recurrida en el juzgado hasta 2014. Las empresas alegaron que el parón de 10 meses en las obras por no haberse pedido el oportuno permiso a Costas para ejecutar el puente provocó ese "agujero" presupuestario y solo es achacable a la administración municipal. Finalmente, el juez señala ahora que el Concello solo debe aportar 99.000 euros de indemnización (frente a los 537.000 reclamados), 116.000 de honorarios de dirección de obra y 25.000 más de intereses de demora.
Las empresas presentaron en junio de 2013 un amplio documento con sus demandas y cuantías económicas por conceptos como "ejecución a favor de la administración de mayor obra que la contratada", "reclamación de la tasa por dirección técnica de las obras", intereses por "diferencias con la revisión de precios" e "intereses de demora derivado del pago tardío de las certificaciones de obra", además de la indemnización "por la suspensión de las obras y la ralentización de la ejecución por causas imputables a la administración".
Por parte municipal se replicó con un informe técnico en el que se dice textualmente que "parece como si las empresas intentasen conseguir a toda costa una cantidad extra por la ejecución de la obra". Se apunta también que el "exceso de obra" obedece "exclusivamente a deficiencias, imprevisiones u omisiones del proyecto constructivo, que la empresa tenía que aportar" por lo que será ella la que "asuma sus errores". También se recuerda que ya en 2011 se le advirtió de la "improcedencia de incluir modificaciones en el proyecto inicial y así lo admitió la contratista", por lo que no cabría ahora formular la misma petición. En otro punto se añade que "no están acreditadas las obras a mayores" y, de existir, "no fueron ordenadas ni consentidas por el Concello; en consecuencia, su ejecución sería unilateral, clandestina, al margen de la dirección facultativa". Por ello, cualquier "intento de obtener mayores ingresos supondría un fraude a la licitación".
