El fiscal de delitos económicos de la Fiscalía de Pontevedra, Augusto Santaló, acaba de solicitar al juzgado de instrucción dos de Cambados la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Diputación y del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Louzán Abal, actual mandatario de la Federación Galega de Fútbol, como presunto autor de un delito de cohecho pasivo. Junto a él, el fiscal pide que se sienten en el banquillo su esposa Teresa Cores y el exdiputado provincial Severino Reguera Varela, este último por un delito de cohecho activo. Además, el fiscal acompaña esta petición de su escrito de conclusiones provisionales en las que solicita una pena de un año de cárcel para Louzán y Reguera y de 9 meses de prisión para la esposa del exdirigente popular.
El fiscal sostiene en su escrito que los alquileres que abonó Reguera Varela al matrimonio Louzán por el arrendamiento de tres locales en la calle Teixugueiras en Navia, Vigo, fueron un "regalo" del exdiputado al expresidente provincial del PP y la Diputación "en consideración al cargo del mismo". Unos alquileres que, señala el fiscal, llegan a exceder en al menos un 60% los precios de mercado que se pagan en la zona, según un informe de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. El fiscal explica en su escrito de acusación que Louzán y su esposa adquirieron en 2008 tres locales comerciales en el número 23 de la calle Teixugueiras de Vigo por un precio total de 460.122 euros. Además, el matrimonio había reservado la compra de otros dos que más tarde fueron adquiridos por Severino Reguera. Para realizar la entrega inicial, Reguera "debió prestar al señor Louzán y a su esposa la cantidad de 103.748 euros".
El mismo día y ante el mismo notario en el que formalizó la compra de los tres locales Louzán, compareció Reguera para hacer efectiva la compra de los otros dos contiguos, dice el Ministerio Público, por un precio de 358.340 euros. Las compras de los cinco locales se realizaron mediante subrogación en los préstamos hipotecarios que las gravaban, sin que hubiese por lo tanto "beneficio para la entidad vendedora".
En su escrito, el fiscal señala que Reguera ostentó el cargo de diputado provincial durante dos mandatos, tomando posesión en las sesiones de julio de 2007 y junio de 2011, percibiendo por ello retribuciones de la Diputación por asistencia a los órganos colegiados de los que formaba parte. Así, destaca que por asistencia a comisiones percibió, entre 2008 y 2014, 180.371 euros del ente provincial. Además, recuerda que Reguera es dueño de la empresa Brunopan S. L., radicada en Ribadumia. Es a esta empresa a la que la esposa de Louzán alquila en septiembre de 2008 los tres locales propiedad del matrimonio para unirlos a los otros dos de Reguera y conformar así un único espacio que, bajo el nombre, "Boutique del pan", se dedicará a panadería, pastelería, cafetería y heladería. Para ello, dice el fiscal, se eliminan las divisiones anteriores para "fijar unas nuevas acordes con el nuevo local". Para el Ministerio Público, esto es un hecho "que acredita que el propósito inicial de los compradores era formar un único local, creando una especie de sociedad encubierta entre ellos". Señala en su escrito que las cantidades que cobró el matrimonio por este alquiler entre 2008 y 2013 por estos locales alcanzó los 236.000 euros y que, salvo en 2008, fecha de compra de los inmuebles, en los demás años "el precio percibido por el arrendamiento superó la amortización de las cuotas hipotecarias".
Estos pagos por el alquiler de los locales se mantuvieron, con los incrementos pactados, a pesar de las fuertes pérdidas de 110.523 y 197.712 euros que tuvo la sociedad Brunopan en 2011 y 2012, "contrastando con la rebaja de alquileres que se produjo fruto de la crisis", destaca la Fiscalía.
Informes periciales
El fiscal refleja en su escrito el informe de la Guardia Civil sobre los precios de alquileres en locales próximos. Los agentes constataron un precio medio de 10,6 euros el metro cuadrado. Un perito de la Agencia Tributaria remitió otro informe en el que constan los precios de alquiler en el mismo inmueble que el de Brunopan y señala que oscilan entre 4,5 y 12 euros el metro cuadrado. Señala el fiscal que los locales alquilados por el matrimonio Louzán a Reguera tuvieron un precio por metro cuadrado de entre 15,7 en 2009, que subió a 15,9 en 2011 y 16,4 euros el metro cuadrado en 2012. "No parece razonable una diferencia tan abultada, y no se explica el motivo por el que Brunopan no alquiló dicho local o en las mismas o en parecidas condiciones".
