Augas de Galicia ha iniciado ya oficialmente el proceso para regularizar la situación de la depuradora de Placeres, ubicada desde hace más de dos décadas en terrenos público marítimo-terrestres, pero que desde junio pasado carecen de concesión por parte de Costas, al quedar anulada cuanto el Ministerio de Medio Ambiente revisó la autorización de Ence. El Servicio Provincial de Costas de Pontevedra acaba de exponer al público la solicitud de la Xunta para que se le otorgue el permiso de ocupación de los 13.749 metros cuadrados en los que se levanta la planta de Placeres.
Esta petición no solo pretende legalizar el vacío legal que se produce en la actualidad con esa instalación, sino que confirma plenamente que el eje del futuro plan de saneamiento de la ría será esta depuradora, en su actual ubicación y con un proyecto de ampliación para el que Ence ya comprometió hasta 15 millones de euros.
Este proceso de regularización procede de la resolución que Costas dictó en junio de 2015, por orden de los tribunales para revisar la concesión global a Ence, que incluía esos terrenos colindantes. Aquella resolución despejaba el horizonte de la empresa pastera, que se confirmó en enero con la prórroga de la concesión hasta 2073, al establecer una caducidad parcial de aquella autorización en Lourizán, pero que no afectaba a la superficie donde se centra la fabricación, sino a la depuradora de Lourizán y al emisario submarino.
Petición al ministerio
En todo caso, el documento permitía la continuidad de la depuradora por su "interés general" y proponía medidas para legalizar tanto estas últimas instalaciones como el comedor de la factoría, que en su momento se construyó sin autorización. Es en ese proceso donde se acaba de implicar Augas de Galicia, si bien en mayo pasado, la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, se reunía en Madrid con la ministra en funciones del ramo, Isabel García Tejerina, y solicitaba la "máxima colaboración y celeridad" para completar el procedimiento de regularización de la concesión de los terrenos de la depuradora de Placeres, así como del emisario submarino, junto con la obtención de los terrenos necesarios para su ampliación.
El informe de Costas en Pontevedra de junio pasado, firmado por su directora, Cristina de Paz Curbera y Llovet, y ratificado después por el ministerio, llegaba tras un largo proceso iniciado por la asociación ecologista Salvemos Pontevedra, que tras una década logró que el Tribunal Supremo ordenase iniciar el proceso de caducidad por el silencio reiterado de las administraciones.
Tanto Salvemos Pontevedra como la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra y el Concello, así como la propia empresa, presentaron alegaciones ante Costas, que finalmente entendió que sí hubo incumplimiento de las condiciones de la concesión, pero únicamente "parcial", sin afectar a la fábrica, pero que sí obligó a levantar el campo de fútbol de Placeres, medida ejecutada por Ence en enero pasado. Desde entonces no se ha establecido una instalación alternativa en la parroquia.
A su vez, la depuradora de aguas residuales se declaró como no cubierta por la concesión, pero sí legalizables, cuestión que compete a la Xunta, como así quedaba recogido en la resolución. Después de que Costas dejase en precario la concesión de la depuradora, sin esa regularización que acaba de activar Augas de Galicia, la Xunta no puede proyectar la mejora de esa planta.
Precisamente esa ampliación es una de las prioridades del saneamiento de la ría, junto con un nuevo emisario submarino de la planta de Placeres, otro de los elementos afectados por la concesión anulada. En la última reunión entre las partes implicadas en este proyecto, el pasado 1 de julio, la Xunta fijó estos objetivos como iniciales, junto con una depuradora de la zona norte de la ría, en el Concello de Poio, por lo que le trasladó al gobierno local tres posibles ubicaciones en donde el proyecto es viable técnicamente. Ahora el Concello deberá decantarse por una de ellas y dar cuenta de la decisión a Medio Ambiente lo antes posible.
