La Fiscalía de Pontevedra dio carpetazo a varias investigaciones abiertas en torno a proyectos desarrollados durante la anterior etapa en la Diputación Provincial, bajo la presidencia de Rafael Louzán, al no hallar indicios suficientes de delito. Dichas diligencias de investigación se incoaron a raíz del traslado por parte del nuevo gobierno provincial de una ingente cantidad de información y expedientes administrativos sobre proyectos de la anterior etapa en la que habían detectado "irregularidades". Actuaciones que contaron con financiación procedente de fondos europeos.

Se trata de programas como las Pousadas de O Salnés, el DepoTic y el DepoGap, que en su conjunto supusieron inversiones de hasta 35 millones de euros. En uno de ellos, el de las Pousadas, finalmente se acabó por triplicar el gasto previsto, mientras que en otros se detectaron por ejemplo, imputación de gastos sin justificar correctamente o la utilización impropia de procedimientos de urgencia en la contratación de la obra civil, entre otros.

Fuentes de la Fiscalía explicaron ayer, al igual que hizo en su momento el actual gobierno provincial, que no se trataba de una denuncia ante la Fiscalía en la que se relatasen algunas irregularidades en concreto, sino que lo que se hizo fue trasladar a la Fiscalía toda la información disponible sobre estos proyectos para que analizase si de ella se desprendía o no algún tipo de actuación que mereciese reproche penal.

A pesar de la ingente documentación recibida, "anaqueles enteros" que llegaron sin analizar a la Fiscalía de Pontevedra, el Ministerio Público estudió la documentación e incluso citó a declarar como testigos a personal de los departamentos de intervención y secretaría del ente provincial. De las indagaciones realizadas no se observó ningún indicio de delito, sin perjuicio de que los expedientes sí puedan adolecer -como parece- de importantes defectos administrativos, cuestión que ya no le compete a la Fiscalía de Pontevedra, por lo que inicialmente han procedido al archivo de estas diligencias, tal y como confirmó el fiscal jefe de la provincia, Juan Carlos Aladro.

En su momento, la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, aseguró que daba trasladado a la Fiscalía (y también al Tribunal de Cuentas) de los proyectos sobre los que tenían más dudas acerca de la legalidad de los procedimientos. Y dijo que lo hacía cumpliendo con su "obligación" de "informar cómo se han financiado estos proyectos", dado que no iba "a asumir la gestión irregular de nadie" y para que la Fiscalía tomara "las medidas" que considerasen "oportunas".