El gerente de una empresa radicada en Vilagarcía y dedicada a la construcción de remolques, M. B. F., aceptó ayer una pena de un año, seis meses y un día de prisión como autor de un delito de falsedad en documento oficial al emitir una tarjeta de ITV para un vehículo a cambio de dinero, aún a sabiendas de que las características técnicas del citado remolque no eran coincidentes con las del tipo homologado por el Ministerio de Industria.
El acusado, al carecer de antecedentes, no tendrá que cumplir la pena de prisión, dado que el fiscal no se opuso a la suspensión de la misma. Asimismo, se aplicó la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas debido a que los hechos se remontan a 2011 y no llegó a juicio hasta ahora a pesar de que no se trataba de una causa especialmente compleja. Además, deberá abonar una multa de tres meses y un día a razón de seis euros diarios y el tribunal le impone una inhabilitación para la fabricación de remolques durante un periodo de un año y un día.
Según ha reconocido M.B.F., su empresa se dedicaba a la construcción de remolques con autorización del Ministerio de Industria para firmar certificados de homologación en las tarjetas de inspección técnica de vehículos.
No coincidía
En agosto de 2011, expidió y firmó una tarjeta de inspección técnica para un remolque acreditando que se ajustaba a unas características técnicas que no se correspondían con la realidad, pues tenía cuatro metros de largo, 1,9 de ancho y 1,8 de alto y el homologado debía tener 2,9 metros de largo, 1,5 de ancho y 1,1 de alto. Además, se hacía constar en la tarjeta que el remolque estaba provisto de freno de inercia, cuando carecía de él.
Lo que en realidad había sucedido es que el remolque había sido fabricado por una tercera persona, a petición del propietario, y el acusado accedió a emitir la tarjeta de ITV a cambio de un precio y a sabiendas de que sus características técnicas no eran coincidentes con las homologadas.
Los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra anunciaron que dictarán sentencia en los términos aceptados por el acusado y que esta será firme y no podrá ser recurrida por las partes.
