El Supremo refrenda una orden de demolición parcial de un edificio en pleno paseo de Silgar

Desestima el recurso formulado contra una sentencia del TSXG por la empresa promotora y la comunidad de propietarios -Una franja de la fachada invade la servidumbre de Costas

05.07.2016 | 11:25

El edificio que la empresa Construcuatro ejecutó hace algo más de una década en primera linea de playa en Silgar, en la esquina con la calle Vidal Rocha, "se construyó ocupando la zona de servidumbre de protección" de Costas, por lo que el promotor "debe devolver a su estado anterior los terrenos" invadidos, una franja variable pero que ronda los dos metros de ancho. Esta orden judicial, dictada en febrero de 2015 por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), acaba de ser ratificada por el Tribunal Supremo, al desestimar el recurso que la empresa promotora y la comunidad de propietarios formuló contra el fallo del TSXG.

La decisión del Supremo, que impone las costas del proceso a los recurrentes, señala que "no ha lugar" a recurso alguno y confirma una sentencia promovida en su día por Salvemos Pontevedra y que anula también, por ser contrario a derecho, el acuerdo del Consello de la Xunta de noviembre de 2011 por el que se decidió archivar el expediente sancionador que la Consellería de Pesca había abierto seis años antes contra este inmueble. Eso sí, este fallo judicial eximía a la promotora de abonar una multa de tres millones de euros al entender que actuó "en la creencia" de que lo hacía correctamente al no detectar "indicios de su culpabilidad" en su conducta.

La sentencia declaraba "incontrovertible" el "dato" de que "la edificación litigiosa se sitúa en algunos puntos de su fachada a menos de 20 metros de la línea interior de la ribera del mar", y ese límite no puede ser invadido por inmueble alguno ya que constituye en esa zona la servidumbre de protección de Costas. El edificio obtuvo la licencia del Concello de Sanxenxo en mayo de 2000, con Telmo Martín en la Alcaldía, sobre la base de un deslinde "provisional" en el que sí encajaba el proyecto, pero cuando Costas estableció la franja definitiva el inmueble quedó parcialmente incluido en esa servidumbre.

Pese a que se eximía de sanción económica alguna, y "la conducta realizada no sea perseguible", el TSXG sostenía que la demolición de la parte ilegal "es una obligación que deriva, en sí misma, del acto de alteración o modificación del estado de cosas". Ese derribo debe ser completo en toda la franja ocupada y "deberá ordenarse la restitución de los terrenos a su estado anterior, demoliendo las partes del edificio que invadan la zona de servidumbre de protección, sea en suelo como en vuelo".

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