El pleno del Concello de Pontevedra ratificó ayer el acuerdo de la Xunta de Goberno del pasado 6 de junio para la interposición de un recurso contencioso-administrativo a la desestimación por parte del Ministerio de Medio Ambiente del requerimiento previo de anulación de la prórroga a Ence en la marisma de Lourizán, donde ocupa una superficie de más de 373.000 metros cuadrados.
El acuerdo se aprobó con 16 votos a favor de BNG, PSOE y Marea y siete en contra, los del PP y de Ciudadanos.
Carme da Silva defendió la iniciativa asegurando que "este tema nos pierde por su importancia". "Estamos en una fase clave para la ría de Pontevedra", dijo.
"Ninguna ciudad en Europa ni en otras del mundo soporta una condena como el entorno en el que está Ence, enclavada en un entorno privilegiado", señaló, para añadir que "no hay que ser muy agudo para darse cuenta de que la prórroga excede los trámites ordinarios".
En este sentido, consideró que con la concesión de la prórroga "se puso la maquinaria de la Xunta y del Estado al servicio de esta empresa". "Estamos ante un recurso imprescindible y seguiremos trabajando en esta linea, porque es de justicia", afirmó.
El acuerdo contó con el apoyo de socialistas y Marea Pontevedra. El portavoz de esta última, Luis Rei, recalcó que, además de por la vía social, hay que luchar por la institucional y judicial.
Por su parte, Tino Fernández, del PSOE, recordó que el tema Ence está presente en la política municipal constantemente. "Nosotros apoyaremos cualquier iniciativa contra la prórroga, esa concesión infame que perjudica a los ciudadanos de Pontevedra, incluso a los que no nacieron todavía", dijo.
En este sentido, animó a la movilización social e instó al alcalde a usar la política para buscar las medidas para sacar a la fábrica de la ría de Pontevedra.
Por el contrario, María Rey, de Ciudadanos, aunque afirmó que su formación no está de acuerdo con la prórroga, consideró que el recurso es un procedimiento perdido de antemano y un gasto para las arcas públicas. "Hay que buscar otras medidas para luchar", resumió.
Asimismo, desde el PP Jacobo Moreira pidió respeto a los trabajadores e instó al gobierno local a "unirse al futuro y traer industria y generar empleo".
Plaza de toros
Otro de los puntos controvertidos del pleno, y que fue rechazado, fue la proposición del grupo Marea instando al gobierno municipal a no firmar el contrato privado de arrendamiento de la Plaza de Toros para espectáculos no taurinos, entre ellos el torneo medieval de la Feira Franca.
Los nacionalistas reafirmaron su oposición a los espectáculos taurinos y justificaron esta inversión de 38.500 euros al año para utilizar la plaza para otro tipo de actividades, una cifra que tanto Ciudadanos como Marea consideraron excesiva.
