El presupuesto municipal para 2016 habilita una partida para la realización de diversas auditorías. Una de las primeras que se contratará será la concerniente al expediente urbanístico de la parcela de la familia Rocafort, derivado de la vinculación de esta pequeña finca con el desarrollo del Suelo Urbanizable número 20. El gobierno local quiere esclarecer todo lo concerniente a este caso, ya que considera "que hubo múltiples opciones para resolver la expropiación de esta parcela recogida en las Normas Subsidiarias de 1990". Añade que el PXOM, "sin embargo, contempla esa zona verde como una cesión pública adscrita al desarrollo del SU 20, otorgándole un valor constructivo añadido del que la finca carecía hasta ese momento".

A juicio del gobierno local "lo recogido en el PXOM, alegado por los propietarios, fue la opción defendida por el entonces alcalde Telmo Martín, que mantuvo pese a la oposición judicial de los legítimos dueños de esta parcela, que lograron en 2011 que un tribunal reconociese su derecho a no estar vinculados a desarrollo alguno". También en ese momento el gobierno local del PP "y con la actual concejala popular María Deza al frente del departamento de Urbanismo, tuvo la posibilidad de entablar una negociación que impidiese la judicialización de la expropiación. Cabe recordar que a pesar de que la finca está calificada como Zona Verde desde 1990 con obligación de expropiación, la familia Rocafort espera 23 años, hasta 2011, para primero pedir y luego exigir que se ejecute dicha expropiación".

"No hubo por tanto intención alguna de negociar una salida ventajosa para las arcas municipales y más bien se abocó el proceso a un expediente judicial, largo y costoso, que ha dado como resultado una sentencia que ratifica la valoración del Jurado de Expropiación de 3.010.000 euros", añade el gobierno local, que confía en que esa cifra pueda ser rebajada a través del recurso de casación ante el Tribunal Supremo. "Con todo -admite- el informe presentado por el anterior gobierno, que valora la finca en 2,6 millones, limita mucho la posibilidad de una sentencia definitiva favorable a los intereses de los vecinos de Sanxenxo".

La auditoría pretende "esclarecer cuáles fueron los motivos que llevaron al PP a actuar así en este tema " y se encargará a los servicios jurídicos un informe que determine "si cabe exigir a Telmo Martín, artífice material del origen de este problema, responsabilidad patrimonial. ". El equipo de Gonzalo Pita está convencido de que "fue la vinculación con el SU 20 lo que hizo que el precio determinado por el Jurado de Expropiación fuese de 1.676 euros el metro cuadrado, 4,5 veces superior al pagado por Punta Vicaño".