Carlos V. S., administrador de un conocido club ubicado en la recta de A Goulla, en Meis, el "Club Montparnasse", negó ayer que en este local se realicen actividades de alterne o que si las hubiera estas se llevasen a cabo bajo su conocimiento o dirección. También rechazó que las diez mujeres de distintas nacionalidades que fueron identificadas por la Policía Nacional e Inspección de Trabajo el 19 de febrero de 2014 en el interior del local realizando, lo que según la policía nacional parecían o suponían que eran funciones de alterne, fueran trabajadoras de dicha empresa.

Tres de estas mujeres declararon ayer en el juicio que se celebró contra el dueño del local en la Audiencia de Pontevedra. Todas ellas contaron una misma versión de los hechos, que no trabajaban en el "Montparnasse" y que conocen el local por tratarse de un bar de copas. Una de ellas asegura que tan solo fue al negocio a llevarle la comida a la trabajadora de recepción (que sí está dada de alta en la Seguridad Social y que es familiar suyo). Las otras dos mujeres negaron que se encontrasen en el interior del local realizando labores de alterne y aseguraron que eran meras "clientas" del local al que habían acudido aquella noche "a tomarse una copa" con sus respectivos maridos.

La Policía Nacional reconoció que no identificó aquella noche a los varones que se encontraban en el local, solo a las mujeres que parecían estar realizando esta labor de alterne por la que se llevarían una comisión por cada copa que se sirve. Para las inspectoras de Trabajo está claro que las mujeres sí tenían un vínculo laboral con el establecimiento, puesto que "tenían un horario" y se les explicaban "unas condiciones de trabajo en el local" por parte de la otra empleada, tal y como les manifestaron las propias mujeres el día de la inspección y consta en el acta que levantaron. Una versión muy distinta a la que dieron ayer en el juicio. Las inspectoras señalaron que, de hecho, se le impuso una sanción administrativa a la empresa dueña del local por valor de 42.200 euros.

Piden la clausura del local

La Fiscalía cree que es más que evidente que en el local no solo se realizan labores de alterne sino que algunos clientes se acuestan con las mujeres en las 9 habitaciones superiores del establecimiento. Considera probado que todas ellas mantenían una relación laboral con la empresa del acusado y que, a pesar de ello, este no las dio de alta en la Seguridad Social. Una de ellas estaba en el país de forma irregular. La fiscal del caso ve imposible que el acusado no conociese las actividades que se llevan a cabo en su local dado que anteriormente ya fue objeto de inspecciones similares por parte de la Policía Nacional e Inspección de Trabajo. Es por ello que mantuvo su petición de tres años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores, una multa de 8 euros al día durante 8 meses y la clausura del local por tiempo de tres años.