Han tenido que pasan cinco meses y varias resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo (TEA) pero finalmente el BNG ha dado su brazo a torcer y rectifica el polémico cobro del saneamiento a los vecinos del rural, una práctica que el PP llegó a calificar de "timo" porque se aplicaban tasas por ese servicio a viviendas que, pudiendo estar conectadas, no lo hacían, y además, con efectos retroactivos, cobrando por los cuatro años anteriores. Esta práctica se aplicó en los últimos meses en diversas parroquias como Lérez, Cerponzóns y, sobre todo en Campañó, donde el PP focalizó sus críticas y fueron numerosos los afectados que formularon recursos.
Esas demandas llegaron al TEA municipal, que emitió varias resoluciones en las que anulaba los citados atrasos porque el Concello no había comunicado oficialmente a los vecinos que tenían la obligación de conectarse. Lo hacía la empresa adjudicataria del servicio, una vía que se consideró inadecuada y, por tanto, causa de las anulaciones de recibos. Hubo al menos 12 órdenes de este tipo, si bien las reclamaciones superaron las 60, con el agravante de que muchos de los vecinos no pudieron recurrir a tiempo ya que cuanto se enteraron de esta anomalía ya había transcurrido el plazo para ello.
Ahora el gobierno local afronta una nueva fase de inspecciones en ocho parroquias: Bora, Canicouva, Marcón, Pontesampaio, Santa María y San Andrés de Xeve, Salcedo y Tomeza. Para ello se contratará por 28.000 euros a una empresa especializada, que se dedicará durante los próximos seis meses a recorrer esos territorios para comprobar si las viviendas están al día en el pago del servicio de recogida de basuras y de saneamiento.
Pero se introducen notables variaciones con respecto a la primera tanda, según admitió ayer el concejal de Facenda, Raimundo González Carballo. Así, se suprimen los efectos retroactivos y no se cobrarán atrasos de los últimos cuatro años; y también se acuerda que no será la empresa adjudicataria la que avisará de la obligación de conectarse al alcantarillado, sino el servicio municipal de Disciplina. El edil no justificó estos cambios en las resoluciones del TEA sino en la existencia de "contradicciones" entre el reglamento de saneamiento y la ordenanza fiscal del servicio.
Todo comenzó a finales de 2015, cuando el BNG acordó comenzar una inspección en el rural con la premisa de detectar aquellas viviendas que disponen de servicio de saneamiento pero no lo pagan. Pero había variantes. Por un lado se buscaba las casas enganchadas ilegalmente. En este caso sí se cobrarán atrasos ya que disfrutan de un servicio de forma fraudulenta. Pero por otro lado se alertó de que aquellas viviendas situadas a menos de cien metros de la tubería general de alcantarillado estaban obligadas a conectarse y se les cobraría la tasas, estuvieran o no enganchadas. Este último apartado fue el que más polémica generó ya que, como denunció el PP en repetidas ocasiones, la mayoría de los vecinos desconocía encontrarse en esa situación ya que no habían sido informados de que la red pasaba cerca de sus residencias. En aquellos casos que sí habían recibido la notificación, esta no era válida al llegar de manos de una empresa privada. Y además existen casos en los que la conexión "no es técnicamente viable". Ese enganche lo debe ejecutar y sufragar el propio particular y en ocasiones es necesario atravesar una carretera, salvar un desnivel o pasar por fincas ajenas, circunstancias "que no están al alcance de un vecino", según alertó en su día la oposición, que reclamó la devolución de oficio de esas tasas cobradas de forma irregular. Incluso se instalaron pancartas en Campañó y hubo una concentración de protestas, pero el BNG se opuso a esa devolución de oficio alegando que "sería ilegal".
Pese a que ahora se rectifica aquel procedimiento, lo que viene a admitir implícitamente que no era correcto, el gobierno local se mantiene en sus trece de no devolver las tasas cobradas con efectos retroactivos, si bien se anula esa cláusula para el futuro. González Carballo explicó ayer que con esta nueva inspección se pretende localizar a aquellos vecinos que "reciben el servicio -de saneamiento o de basuras-, lo usan pero no pagan la tasa correspondiente". Apeló al "principio de equidad fiscal" para señalar que "debe pagar todo el que reciba el servicio y el que esté en condiciones de recibirlo previa comunicación oficial, porque es obligatorio conectarse siempre que sea posible", concluyó.
