Cuadrar las cuentas para diseñar un presupuesto municipal es siempre una labor complicada, pero ¿cómo encajar en un presupuesto municipal de 20 millones una sentencia judicial que te obliga a abonar, de forma imprevista, tres millones de euros a un particular? Pues esta es la tesitura en la que se verá el nuevo ejecutivo local de Sanxenxo de no prosperar ante el Supremo el recurso contra la sentencia que obliga al consistorio a expropiar la parcela propiedad de la familia Rocafort, en la Rúa das Cunchas.
Solo unos días antes, se conocía que los tribunales también obligaban al ayuntamiento a indemnizar a otras dos empresas con 105.000 euros por una licencia urbanística que se tuvo que anular en A Revolta. Son las más recientes, pero el presupuesto local de Sanxenxo se ve lastrado desde hace unos años por los errores, sobre todo en materia urbanística, cometidos por anteriores ejecutivos y que ahora comprometen las cuentas del gobierno local.
Monte Faro, hasta 2017
Uno de los mayores fiascos urbanísticos en Sanxenxo, como fueron las tramitaciones de los suelos urbanizables SU-13 y SU-14 en Monte Faro, acabaron también en desastre para las arcas municipales. Una sentencia obligó a devolver a los promotores de estos suelos una cantidad cercana a los 3,8 millones de euros que se elevó hasta los cinco millones con los intereses. El impacto en la economía local es tal que el juzgado elaboró un plan de pagos que compromete los presupuestos municipales hasta 2017, cuando se termine de pagar esta deuda. Las arcas locales están haciendo frente al pago de 225.000 trimestralmente como consecuencia de esta indemnización.
Estas cifras permiten hacerse una idea del impacto que podría tener sobre la economía municipal una sentencia del Supremo confirmando la indemnización a la familia Rocafort que acaba de decretar el TSXG. Y es que la indemnización de tres millones de euros podría fácilmente incrementarse en un millón más en conceptos de intereses.
Otro caso que supuso un importante quebranto para las arcas municipales fueron las licencias de los chalés que la constructora Ferro Mesego construyó al lado del cementerio de Dorrón y para los que la extinta Xerencia de Urbanismo entregó inicialmente una licencia que más tarde anuló. Los tribunales reconocieron que la empresa tendría que ser indemnizada con una cantidad que rondaba los 800.000 euros con los intereses, una cantidad a la que hay que sumar también 50.000 euros del coste del derribo de los chalés ilegales que tuvo que asumir el Concello.
Sentencias pendientes
En total, el Concello afrontó en los últimos años indemnizaciones por valor aproximadamente de unos 9 millones de euros por decisiones judiciales derivadas de errores de gobiernos anteriores. Y lo peor es que el actual tripartito, que culpa de esta situación a las "artimañas urbanísticas que caracterizaron una etapa muy concreta del urbanismo en Sanxenxo" y especialmente a la gestión urbanística de esta localidad en el momento de la aprobación del PXOM (cuando era alcalde Telmo Martín, el actual portavoz del PP), observa con preocupación los numerosos contenciosos que todavía permanecen abiertos en los tribunales. Temen que esta cifra todavía pueda aumentar con resoluciones que amenazan con conocerse en breve.
