La Diputación aprueba un nuevo reglamento que resta privilegios a la Presidencia

Cuestiones que decidía directamente el titular de la institución ahora estarán reglamentadas

18.06.2016 | 03:22

El gobierno de la Diputación de Pontevedra llevará al pleno provincial la aprobación de un nuevo reglamento, dado que el que rige el funcionamiento interno de la corporación en estos momentos fue aprobado en 1990 y no se adaptó "ni a la legislación vigente ni a la realidad social", apuntó la presidenta, Carmela Silva.

El nuevo reglamento tiene por objetivo -en palabras de Silva-, "impulsar una actividad más democrática". Entre las principales novedades destacan el deber de asistir a las sesiones de órganos colegiados de las que los diputados formen parte -incluyendo la posibilidad de sanciones de hasta 300 euros a los que no asistan-, la prohibición de empleo de los medios y condición de diputados para actividades mercantiles, profesionales o análogas, o la protección de datos y la confidencialidad de la información a la que tienen acceso.

Además, regula el registro de intereses de los diputados así como la publicación de las declaraciones de bienes en el portal de transparencia de la Diputación. Cuestiones, todas ellas, que en el anterior no estaban reglamentadas.

Plenos

Por vez primera se regulan los medios mínimos para los grupos políticos, tanto en lo relativo a los recursos humanos como a los técnicos, que hasta ahora estaban al libre arbitrio de la Presidencia.

También incluye el nuevo reglamento la implantación de medios para la retransmisión en directo de los plenos, la puesta en funcionamiento de un sistema de asistencia virtual en el caso de baja por maternidad, paternidad o enfermedad y que la ciudadanía pueda expresar, de forma regulada "y no por dádiva de la presidencia", cuestiones de su interés ante la corporación mediante dos intervenciones de 5 minutos cada una antes de cada pleno.

Igualmente como hecho novedoso se regulan también los tiempos de intervención en los plenos, anteriormente bajo el criterio del presidente. Además, se incluye la posibilidad de prohibir el acceso al pleno por tres meses al público que altere su orden. Asimismo, se añaden medios de fiscalización de la actuación del gobierno.

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