La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, manifestó hoy su "enorme preocupación" por la futura financiación de los centros asociados de la UNED, que a partir del 1 de enero de 2017 no podrán recibir aportaciones ni de la Diputación ni de los concellos, dando cumplimiento así a una disposición de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Silva ha enviado una carta al ministro de Educación para solicitarle que se anule esta disposición, o en su caso, se otorgue más plazo para su entrada en vigor de tal manera que se puedan buscar soluciones alternativas para la financiación de los centros de la UNED.

Carmela Silva hizo también un llamamiento al Partido Popular, a la Xunta de Galicia y al Gobierno de España para que "digan inmediatamente qué van a hacer" para asegurar la continuidad de los centros asociados de la UNED. "Sería imperdonable que se dejara de prestar este importante servicio público, del que se benefician millares de ciudadanos", apuntó la presidenta.

Durante esta semana, además de remitir la carta al Ministerio de Educación, la presidenta de la Diputación también mantuvo una reunión con la directora del centro asociado de la UNED en Pontevedra para analizar la situación actual. En el vigente curso, la Diputación de Pontevedra aporta el 17,65% de la financiación de los centros de la UNED en la provincia, mientras que los concellos de Vigo, Pontevedra, Lalín y Tui aportan un 15% en su conjunto. Por lo tanto, a partir del año que viene, la UNED no cubriría en la provincia de Pontevedra el 33% de sus gastos, lo que dificultaría mucho o incluso imposibilitaría que continuara prestando sus servicios en la provincia, tal y como explicó la presidenta provincial.