Definitivamente el proyecto de la ampliación de Montecelo, para crear el hospital único de Pontevedra, queda al margen del fragor electoral. El Concello no abordará el debate sobre el convenio que negocia con Sanidade para certificar esa actuación hasta después del 26-J. Así se acordó en la junta de portavoces de ayer. Todos los grupos acordaron por unanimidad no celebrar pleno alguno hasta próximo el 1 de julio, sesión en la que podría llevarse el texto definitivo del acuerdo entre el ayuntamiento y la Xunta, un texto que es objeto de negociaciones entre ambas partes desde mediados de mayo, cuando el conselleiro Jesús Vázquez Almuiña entregó al alcalde, Miguel Fernández Lores, un borrador de convenio. Aunque Concello y Sergas están de acuerdo en lo básico -tramitar el asunto por la vía supramunicipal y que las arcas municipales aporten cuatro millones de euros- los "flecos" del documento provocan un "intercambio de borradores" entre los dos servicios técnicos que aún no se ha cerrado.
Y uno de los principales puntos de discusión es el relativo a la exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de todos los centros sanitarios públicos del Sergas. La Xunta ha solicitado al Concello esa exención para al menos ocho servicios (los centros de salud Virgen Peregrina, A Parda, Monte Porreiro, Lérez y Pontesampaio, la Casa del Mar de Mollabao, y los hospitales Provincial y Montecelo), más el futuro edificio previsto en ese mismo lugar de Mourente.
40.000 euros por Montecelo
El gobierno local no pone objeciones a esa exención pese a que supondría una pérdida de ingresos de al menos 140.000 euros, según los primeros cálculos. Solo por Montecelo, Sanidade abona por IBI al Concello unos 40.000 euros al año. La discusión se ciñe al momento de aplicar esa supresión del pago. La Xunta lo quiere ya pero el gobierno local pretende aplazarlo hasta el momento en el que se ejecute el hospital único. "Se trata de una cláusula para atar la realización de las obras", según admitían ayer fuentes municipales. "No nos oponemos a la exención pero no sería conveniente aplicarla ahora y después, por las razones que sean, fracase el proyecto de ampliación", añaden.
La Ley de Haciendas Locales establece las exenciones obligatorias del IBI, que incluyen edificios públicos vinculados a la seguridad o la educación, los montes comunales, los de la Iglesia Católica y la Cruz Roja y las lineas de ferrocarril. Pero para eliminar este impuesto de otros inmuebles es necesaria una solicitud previa. En estos casos figuran centros de enseñanza (como se hizo recientemente con la Universidad, a la que se le bonifica un 95% del IBI) o los monumentos o jardines históricos. Por último, la misma ley determina que "las ordenanzas fiscales podrán regular (a criterio por tanto de cada ayuntamiento) una exención a favor de los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que los mismos estén directamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros".
La alcaldesa en funciones, Carmen da Silva, explicó ayer el "compromiso" de ambas partes de agilizar al máximo" la tramitación del convenio, que aún está en fase de "intercambio de borradores". Lo que está claro es que este mes no habrá avances públicos ni se firmará, como reclamaba el Sergas. De hecho, el documento no ha pasado ni por el pleno municipal ni por el Consello de la Xunta. Otro de los "flecos" pendientes es determinar el calendario de entrega de los cuatro millones de euros que debe aportar el Concello. Pese a que este asunto se quiere apartar del debate electoral, el asunto provocó en la junta de portavoces de ayer un "encontronazo" entre el gobierno local y el PSOE, que reclama una copia del documento. "Cuando haya uno más o menos definitivo se entregará", apuntó Da Silva después de que el portavoz socialista, Agustín Fernández, abandonara la junta de portavoces con prisa, visiblemente enfadado y sin realizar declaraciones. Aunque todos los grupos de la oposición fueron informados hace un mes directamente por el conselleiro del contenido del borrador de convenio, desde entonces no se han aclarado los términos de las conversaciones y ninguno de los partidos, salvo el BNG posee todavía esa documentación.
