A punto de cumplirse un mes desde que el pasado 18 de mayo el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, entregara al alcalde, Miguel Fernández Lores, el borrador del convenio para ampliar el Hospital Montecelo, el gobierno local todavía no ha aclarado si ese documento se debatirá aprobará en el pleno de este mes, como solicita el Sergas, o se dejará para más adelante. El gobierno local apuntó ayer que una de las razones de que se dilate ese trámite está en la petición de la Xunta de eximir de abonar el IBI por el edificio. Según las explicaciones municipales, se trabaja en el "encaje legal" de esa petición fiscal en la normativa, al entender que las instalaciones sanitarias no estarían exentas de ese impuesto.
En todo caso, la campaña electoral parece empañar un proyecto en el que todos los grupos municipales están de acuerdo. La Xunta aún debe aprobar la firma del convenio en su Consello, un trámite que incluso se planteó para el pasado jueves aunque no llegó a esa reunión. Además urge al Concello a dar luz verde, pero el gobierno local parece más proclive a dejar el asunto para después del 26-J. De hecho, el pleno municipal de junio tendría que celebrarse el próximo lunes, a seis días vista de las elecciones y con tal motivo está prevista una junta de portavoces para el jueves. Sin embargo, el BNG apuesta por dejar la sesión para el 28 de junio como muy pronto, toda vez que en esa junta del jueves ni siquiera está prevista la presencia del alcalde, de viaje en Madrid por una exposición de los proyectos premiados en Dubai en 2015.
El mismo acuerdo de 2005
La ampliación de Montecelo, que implica descartar definitivamente el plan de Monte Carrasco, será un proyecto que se declarará supramunicipal, según el borrador de convenio sobre la mesa y en el que el Concello capitalino deberá asumir la ejecución de todos los servicios básicos (agua, saneamiento y accesos, entre otros) y aportar cuatro millones de euros, extremo que en su día aceptó el alcalde.
De hecho, se establece un modelo de colaboración exactamente igual al que el Sergas y el Concello firmaron hace once años, en mayo de 2005, con una modificación en 2009, pero que la Xunta anuló en 2010 para apostar por la ubicación de Marcón, que ahora también queda descartada.
El gobierno local siempre abogó por el plan sectorial de incidencia supramunicipal en lugar de la modificación puntual del actual Plan de Urbanismo "para agilizar" la tramitación y dejar las expropiaciones en manos de la Xunta y no del Concello. Los cuatro millones de euros se destinarán a las obras de urbanización complementarias al proyecto de ampliación, a modo de compensación del Concello por las expropiaciones, de las que pasa a hacerse cargo el Sergas, igual que en 2009. Esas expropiaciones afectarían a unos 90.000 metros cuadrados, en su mayor parte particulares, y donde existen en la actualidad cinco viviendas.
