El concurso para adjudicar la gestión de las piscinas municipales de Campolongo y poner fin a años de provisionalidad no acaba de convocarse. A falta de 17 días para que el próximo 30 de junio concluya la séptima prórroga del contrato con la empresa Serviocio, adjudicataria desde 2000, el gobierno local está abocado a aprobar una octava ampliación de la concesión si quiere evitar el cierre de las instalaciones. Esa octava prórroga será irregular y, por tanto, contará con los informes técnicos desfavorables al superarse con creces el plazo máximo de concesión. La decisión deba adoptarse en la junta gestora del IMD, donde el BNG no cuenta, como en la corporación municipal, con la mayoría para adoptar el acuerdo en solitario. Necesita que algún otro grupo se abstenga para aprobar la ampliación y evitar la clausura del recinto.

Se da por hecho que habrá concejales que opten por esa postura y se aprobará una prórroga por un año más o hasta que se resuelva el futuro contrato de concesión, el mismo método que se aprobó hace un año cuando también se anunció ese concurso pero nunca llegó a convocarse.

De hecho, hasta ayer mismo no se dispuso de uno de los documentos previos para ese concurso, un imprescindible plan de viabilidad que determine la situación económica de la concesión. Ese plan aún tiene que exponerse al público y resolverse las alegaciones si las hubiera. Después deben superarse otros trámites y se calcula que hasta final de año no se convocará el concurso, por lo que no habría resolución hasta 2017.

Además, este sucesión de prórrogas año tras año, las últimas de modo irregular, han provocado que las inversiones de mejora en el recinto hayan sido prácticamente nulas. De hecho, se estima que es necesario destinar entre 3 y 4 millones de euros para resolver sus deficiencias, especialmente denunciadas en estos meses por el PP y Marea. Esa inversión la debe asumir la nueva empresa concesionaria y cuanto mayor sea el deterioro menos atractivo será el concurso, con el peligro que eso supone de que quede desierto. Así ocurrió hace más de un año, cuando el PSOE, entonces al frente de la Concejalía de Deportes, licitó una concesión conjunta de estas piscinas más el centro deportivo de A Parda, que habría que ejecutar por completo. Ninguna empresa quiso asumir ese arriesgado reto económico.

PP y Marea

El PP ya alertó en numerosas ocasiones sobre esta octava prórroga irregular en la explotación de las piscinas, sin que el gobierno local adoptara decisión alguna. También Marea denunció esta situación y solicitó el rescate de la concesión para emprender una gestión directa del recinto. Ambos grupos alertaron también de las deficiencias de las instalaciones. Marea Pontevedra planteó en marzo una gestión directa del recinto, dejando sin efecto un futuro concurso, una opción que defiende el personal, si bien la plantilla ya daba por hecho que no sería así, por lo que instó al Concello a licitar la concesión lo antes posible. Ese concurso tendría diversas condiciones, entre ellas, que se equipare salarialmente a los 45 trabajadores de Serviocio con los funcionarios municipales del mismo nivel. Según sus explicaciones, el sueldo de un trabajador a jornada completa es de 13.500 euros brutos al año y podría elevarse en unos 500 euros al mes.