Los vecinos de Vilaboa, y en especial los de Postemirón y A Graña amenazados con posibles derribos y expedientes de sus viviendas, emprenderán una campaña no solo para tratar de salvar sus casas, sino también para que se suspenda, o al menos, rebaje, la petición de penas de cárcel que la Fiscalía acaba de formular contra un matrimonio por un supuesto delito contra el urbanismo. En una concurrida asamblea celebrada en la noche del pasado viernes, los vecinos acordaron realizar un envío masivo de cartas a la Fiscalía para que este proceso judicial y al menos otro dos que están en marcha se paralicen hasta que se apruebe definitivamente el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vilaboa, un documento con un primer visto bueno pero que precisa de la autorización definitiva de la Xunta, que acaba de solicitar nueva documentación.
Los afectados ponen sus esperanza en el PXOM como medio de legalizar sus casas pero temen que legue demasiado tarde, según explica Esther Marín, portavoz del colectivo. Por ello, también se acordó crear una comisión de seguimiento de concejales y vecinos con el fin de analizar de cerca la tramitación del PXOM y tratar de agilizarlo al máximo.
Con respecto a las cartas que se enviarán a la Fiscalía, Esther Marín explicó que el Concello elaborará su propio escrito, explicando la situación y evolución de las casas amenazadas, mientras que entre los vecinos se repartirá un modelo individual para que sea firmado por los que lo deseen. Se trata de frenar el proceso más avanzado, protagonizado por un matrimonio para el que el fiscal pide año y medio de prisión para cada cónyuge, así como una multa de 14.000 euros. Además les insta a ingresar un aval de 60.000 euros que es lo que se calcula que costaría el derribo de la casa e incluso ya se les ha embargado parte del suelo que cobra uno de ellos e incluso una prestación por desempleo. Esther Marín señala que al menos hay otras dos casas más que tienen abiertos procedimientos judiciales similares por supuestos delitos contra el medio ambiente.
