La Fegamp asegura que será cada concello el que decida que tasa se aplica (del 0,3% al 0,9%), así como la posibilidad de establecer bonificaciones de hasta el 95% para aquellas explotaciones o industrias agroganaderas que así lo requieran.
Por el momento, el Concello de Pontevedra no se plantea retoque alguno en la ordenanza del IBI, a la espera de que se produzca esa "regularización rural". Tampoco habrá cambios, a priori, tras la reciente actualización de los valores para este ejercicio, que se cifra en 274 millones más, hasta los 2.755 de tasación del todo el municipio, alrededor de un 11%, incluidas las nuevas altas. Esta medida fue solicitada por el gobierno local el pasado año, amparándose en un decreto que permite ese aumento en aquellos municipios cuya ponencia tenga más de cinco años de vigencia. La de Pontevedra es de 2001. El gobierno local insiste en que el recibo de ese año será "idéntico" al de 2015, año en el que dejó de tener vigencia la subida excepcional del IBI que decretó el Gobierno central en 2013 y que también era del 10%.
