Decenas de viviendas de los núcleos de Postemirón y A Graña están actualmente fuera de ordenación. Los vecinos de estas dos localidades de Vilaboa convocaron ayer una asamblea para reclamar a los dirigentes políticos la urgente tramitación de un PXOM que lleva ya tres lustros en diseño y que, al fin, se encuentra ahora aprobado inicialmente. No obstante, los vecinos de estos dos pueblos aseguran que cada día cuenta ante "la situación límite que están viviendo algunas familias" que temen que el nuevo documento urbanístico no llegue a tiempo para salvar sus viviendas e incluso para que alguno de sus moradores no acabe pagando con la cárcel la defensa a ultranza de su vivienda.
Así lo explicaba ayer la presidenta de la asociación de vecinos de Postemirón, Esther Marín, uno de los colectivos que reclama la agilización del PXOM. Reconoce que el conflicto parte de una época en la que la conciencia sobre la importancia de respetar las normas urbanísticas no estaba lo suficientemente implantada ni entre los vecinos ni tampoco entre las administraciones. Muchas familias fueron construyendo sus viviendas fuera de núcleo, en propiedades y sin licencia, "aunque sí con el conocimiento municipal". Eran los tiempos del "tí vai facendo" a la espera de un PXOM que, en aquel entonces, prometían que no iba a tardar mucho tiempo en llegar. Pero tardó. Y vaya si se retrasó. Son ya 16 años de tramitación y ahora temen que cuando llegue su aprobación definitiva en cuestión de meses sea demasiado tarde para muchas de estas familias.
Algunas están en una situación realmente grave, amenazadas por la piqueta de la APLU, por multas de la misma Agencia o por causas abiertas en el juzgado. Hay varios casos que califican de "desesperados" pero quizá el más urgente es el que vive una familia para quien el fiscal pide año y medio de prisión para cada miembro de un matrimonio, así como una multa de 14.000 euros. Además les instan a ingresar un aval de 60.000 euros que es lo que se calcula que costaría el derribo de la casa e incluso ya se les ha embargado parte del suelo que cobra uno de ellos e incluso una prestación por desempleo.
"A nosotros nos parece una petición totalmente desproporcionada", indica la presidenta de la asociación vecinal, Esther Marín, quien señala que esta casa incluso se pudo acoger en su momento a un proceso de regularización que abrió el concello para "consolidar" algunas de las viviendas levantadas en este terreno. A la vivienda únicamente le faltaba por rematar el tejado, asegura esta dirigente vecinal, y aunque quisieron terminar la construcción, esto no permitió la consolidación de la vivienda en las normas urbanísticas y la APLU y la Fiscalía tomaron medidas.
Otras causas en el juzgado
No es el único caso. Esther Marín señala que al menos hay otras dos casas más que tienen abiertos procedimientos judiciales similares por supuestos delitos contra el medio ambiente. "Acusar de delito medioambiental a personas que realmente son los que cuidan el rural, lo trabajan, cuidan sus campos y sus montes y lo único que quieren es construir su vivienda en él es realmente sorprendente", indicaba ayer esta dirigente vecinal. También se queja de cierta "arbitrariedad" en las denuncias. Decenas de casas están en la misma situación, pero desconocen las razones por las que a unas les toca la "ruleta" de ser acusados por la vía penal, mientras que a otros la problemática se limita a la vía administrativa, aunque en este caso la preocupación tampoco es menor. Son varios los expedientes de derribo abiertos por la APLU que los residentes van sorteando como pueden a la espera de que llegue el deseado PXOM. "Hay un vecino que está pagando las multas que le imponen como puede para retrasar el proceso mientras espera por el Plan General", dice. Hace meses, se vivió otra situación límite cuando le llegó una orden de desahucio a una vecina "a la que pretendían dejar sin casa cuando acababa de tener un recién nacido".
Esther Marín dice estar convencida de que el PXOM no solo permitirá resolver estos expedientes que están abiertos en la vía administrativa, sino que evitaría las condenas en aquellas causas penales que ya están abiertas. Asegura que los vecinos están en "situación de emergencia" y urgen a los partidos políticos a presionar por el Plan General.
