La decisión del gobierno local del BNG de entablar la batalla judicial contra la prórroga de la concesión de Ence ya cuenta con sus primeros detractores, desde las filas del PP. Si el mismo día del acuerdo, el pasado lunes, el portavoz popular local, Jacobo Moreira, reprochaba el uso de fondos públicos para ese recurso contra la continuidad de la fábrica en Lourizán hasta 2073, ayer fue el vicepresidente de la Xunta y presidente provincial del partido, Alfonso Rueda, el que ponía en duda que el acuerdo municipal refleja "la voluntad" de todos los pontevedreses.
Rueda señaló ayer que el Concello "está en su derecho" de adoptar estas medidas, pero recordó que en la movilización celebrada el pasado sábado por la plataforma Ence Fóra hubo "bastante menos gente que en otras ocasiones", por lo que emplazó al gobierno local a valorar si el citado recurso "representa la voluntad" de todos los ciudadanos, en referencia a la factura social que genera este debate desde hace meses.
Implicación de la empresa
El vicepresidente autonómico, en todo caso, sostiene que la concesión de la prórroga, por parte de la Dirección General de Costas, supone que la empresa también tiene que implicarse "de una manera muy intensa para cumplir la normativa medioambiental y crear riqueza en la provincia".
Estas declaraciones de Rueda se producen apenas 24 horas después de que el gobierno local anunciara el lunes su intención de acudir a la Audiencia Nacional para reclamar la anulación de la prórroga a le empresa pastera, una vez que el Ministerio de Medio Ambiente dejara pasar el plazo sin dar respuesta al recurso administrativo municipal por el mismo motivo. Ese silencio significa una desestimación de la petición del Concello, de ahí que se de por agotada la vía administrativa y se emprenda el camino judicial.
Las palabras del vicepresidente de la Xunta coinciden en buena parte con las que pronunció también ayer el director de la fábrica de Ence en Lourizán, Antonio Casal, en la cadena Ser. Casal lamentó que la empresa sea "utilizada como arma política" cada vez que llega una cita electoral y señaló que su único objetivo es "trabajar, generar riqueza y empleo y potenciar el respeto al medio ambiente, unos objetivos que se quieren esconder detrás de una cortina política". Coincidió con Rueda en que "los apoyos a la manifestación (contra Ence) son cada vez menos y calificó la marcha del pasado sábado "más política que en defensa del medio ambiente, ante la gran cantidad de banderas políticas que se podían ver".
A juicio de Casal, "la mayor parte de Pontevedra nos quiere aquí". Por eso, calificó de "falta de respeto" que se les acuse de "moldear voluntades" con las inversiones que anuncia desde hace semanas, como la reciente adquisición de una embarcación para las cofradías o los 15 millones comprometidos para ampliar la depuradora de Placeres. "Hagamos lo que hagamos se nos va a criticar", señala Casal, pero insiste en que "decir eso es una falta de respeto a los que nos piden ayuda"
