El futuro de la ría

El Concello abre la vía judicial contra la prórroga de Ence con un recurso en la Audiencia Nacional

El gobierno local decide entablar esta batalla legal tras el silencio del Ministerio de Medio Ambiente a su requerimiento administrativo de anulación -Cuenta con el apoyo de PSOE y Marea mientras que el PP critica el uso de fondos públicos

07.06.2016 | 05:16
Complejo de Ence en Lourizán. // Rafa Vázquez

Casi seis meses después de su concesión oficial, el pasado 20 de enero por parte de la Dirección General de Costas, la prórroga de la concesión de Ence hasta 2073 emprende su recorrido judicial. El gobierno local acordó ayer presentar un recurso contencioso-administrativo para pedir que se anule esa ampliación de la autorización a la empresa para ocupar los terrenos de Lourizán, un recurso que llega después de que el Ministerio de Medio Ambiente no contestase en plazo al requerimiento previo de anulación de la citada prórroga.

La decisión de ayer del BNG municipal aún debe ser analizada por el pleno y supone una notificación oficial de la presentación definitiva del recurso, que aún es objeto de redacción por parte de los servicios jurídicos municipales. En todo caso, mantendrá unos argumentos similares a los que no atendió Medio Ambiente en el requerimiento administrativo anterior, formulado el 22 de marzo y que tenía un mes de plazo de respuesta. Transcurridos más de dos, ahora se acude a la Audiencia Nacional.

Otros grupos

La decisión cuenta con el respaldo de PSOE y Marea, ambos partidarios de que Ence abandone su actual emplazamiento, si bien los socialistas sostienen que el gobierno local debe dar más pasos que la simple presentación de recursos y así anima al alcalde a encabezar una posible negociación con la empresa encaminada a debatir su traslado. Por su parte el PP se desmarca por completo de esta vía judicial ahora emprendida al entender que la prórroga no tiene marcha atrás. También critica el uso de fondos públicos municipales para una batalla legal en la que "no hay unanimidad ciudadana".

Tras el requerimiento previo de anulación de la prórroga ante el Ministerio de Medio Ambiente, en marzo pasado, el gobierno local ya adelantaba que una respuesta negativa o por silencio (como fue finalmente el caso), abría un nuevo período de dos meses para la presentación de un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, plazo que se cumple el próximo 22 de junio, de ahí que fuera acordado oficialmente ayer.

La iniciativa se dirige contra la resolución de 20 de enero de 2016 de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, de la prórroga otorgada a Ence Energía e Celulosa SA sobre la concesión para ocupar 373.524 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre en la marisma de Lourizán. El Concello mantendrá ante la Audiencia unos argumentos parecidos a los utilizados ante el ministerio, al que presentó hasta catorce argumentos legales contra la concesión de una prórroga que entiende que satisface únicamente los intereses de una empresa privada sobre los intereses generales de la población.

Argumenta que la resolución ministerial reúne defectos de procedimiento "determinantes de nulidad o anulabilidad" por indefensión, como sería el hecho de que la denegación de la copia del expediente con petición de ampliación del plazo de alegaciones, solicitada por el Concello al amparo del procedimiento de prórroga, tiene la misma fecha que la concesión de la ampliación.

En funciones

Por otra parte, alega que la concesión de la prórroga la hizo un Gobierno en funciones "que excede los trámites ordinarios", lo que vulneraría la ley que regula las actuaciones de un Gobierno que tiene que limitarse a garantizar el traspaso de poder y limitar su gestión al despacho común de asuntos públicos, "absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia acreditados lo por razones de interés general, otras medidas". Estamos, mantiene el gobierno local, "ante una medida extraordinaria y selectiva y por lo tanto contraria a la ley".

Además la prórroga atentaría contra la doctrina del Tribunal Constitucional que recoge, respeto a la actual Ley de Costas, que "la prórroga admitida en la nueva regulación tan solo puede afectar a actividades e instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación", una excepcionalidad que no se da en este caso, según sostiene el gobierno local.

En el recurso administrativo también se reiteraban las alegaciones formuladas en el expediente de caducidad en tramitación, "con incumplimiento de las condiciones de la concesión prorrogada, cuya no observancia se sanciona con la caducidad del título concesional; acreditación del desarrollo, en el perímetro de la concesión de actividades diferentes al objeto de la misma; alteración del título concesional; ausencia de acuerdo aprobatorio del título concesional y vulneración de las DOT (Directrices de Ordenación del Territorio ) y POL (Plan de ordenación del litoral).

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