Los 56 fiscales de la provincia de Pontevedra han revisado en las últimas semanas un total de 4.963 causas penales en fase de instrucción. Un esfuerzo titánico que tenía como objetivo evitar que los nuevos plazos que establece la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal pudiera obligar a cerrar alguno de estos asuntos sin haber realizado todas las diligencias precisas. La reforma dispone un plazo máximo de seis meses para la instrucción de los asuntos penales, periodo que podrá ser prorrogable en el caso de ser necesario la realización de más diligencias una vez finalizado ese periodo. Dado que la norma entró en vigor el pasado seis de diciembre, el próximo lunes se cumplía el límite para las causas que se encontraban abiertas entonces.
El fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, hacía ayer balance de todo este trabajo realizado por los 28 fiscales del área de Pontevedra y Cambados así como los otros 28 de Vigo. En la Fiscalía de área de la ciudad olívica se revisaron un total de 1.926 asuntos. Un informe que trasladará a la Fiscalía General del Estado. De estas 4.963 causas revisadas, se ha decidido solicitar la prórroga para un 21% de las mismas, una cifra que habla a las claras de que parece que los seis meses de plazo máximo que establece la ley para llevar a cabo la instrucción de una causa penal abierta se revela insuficiente.
Este 21,7% lo conforman las 911 investigaciones judiciales que los fiscales han solicitado que se declaren como causas complejas, lo que permite una prórroga de 18 meses más para completar la instrucción, ampliables por un tiempo similar. Asimismo, se ha requerido a los juzgados de instrucción de la provincia que se prorroguen otros 185 asuntos a pesar de que no se trata de causas complejas. Y por último, hay que sumar otros 220 procedimientos en los que el fiscal pide una prórroga extraordinaria en los que insta al juez a que realice nuevas diligencias pero que fije un plazo máximo para finalizar la instrucción.
En el resto de causas se da por finalizado este proceso de indagación e investigación y se solicita el archivo, en el caso de no encontrar indicios de delito; o la transformación de las diligencias en un procedimiento abreviado, paso previo a la presentación de un escrito de acusación.
Este proceso que mantuvo la Fiscalía Provincial casi "colapsada" en las últimas semanas -en palabras del propio fiscal jefe, Juan Carlos Aladro- permitió revisar la totalidad de los asuntos que les fueron remitidos por los juzgados de instrucción de la provincia. No obstante, en la Fiscalía reconocen que habrá procedimientos abiertos que no han sido revisados debido a que no fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía. De hecho, Aladro señaló cierta falta de colaboración por parte de algunas salas, concretamente dos en la provincia, que no respondieron a la solicitud del Ministerio Público para que les informasen de las causas abiertas y se las remitiesen. A esto hay que sumar los problemas de compatibilidad entre los programas informáticos que utilizan la Fiscalía y los juzgados.
Además, el trabajo para los fiscales no termina aquí. Mientras no se reforme la ley deberán estar pendientes de aquellos nuevos procedimientos abiertos que vayan cumpliendo este plazo máximo de seis meses en fase de instrucción.
