El club de piragüismo de Verducido, la comunidad de montes de la parroquia y la asociación de vecinos Outeiro do Castro estudian la convocatoria de algún tipo de protesta, para instar a la Xunta a que obligue a la federación gallega a cumplir sus obligaciones con esta instalación deportiva, origen de todo este conflicto.
La Federación Galega de Piragüismo alega que el recinto es público, ya que fue en su día expropiado por la Xunta de Galicia para la creación de las instalaciones de Pontillón de Castro, de ahí que rechacen el derecho que el club local dice tener sobre dichas instalaciones. En cuanto a la caseta retirada por la federación, ésta argumenta que en ella se vendían bebidas alcohólicas, lo que está prohibido dentro de un recinto deportivo.
En todo caso la comunidad de montes recuerda que el centro deportivo público se levanta sobre terreno comunal, cuyos accesos son privados (de los comuneros), por lo que cualquier actividad que se desarrolle en ellos tiene que contar con la autorización de sus propietarios, de la misma forma que en una finca particular.
