La entrada de varios guardias civiles en el Concello de Sanxenxo en febrero de 2012 para recabar información sobre distintos expedientes urbanísticos sacó a la luz hace ya más de cuatro años una investigación judicial que sacudió políticamente Sanxenxo. Un juez de Cambados había puesto bajo su lupa las actuaciones en materia de urbanismo en esta localidad durante los últimos años. Tres denuncias de particulares prendían la mecha de una investigación que pasó por manos de tres magistrados distintos y que fue engordando como una bola de nieve que cae ladera abajo hasta que, en el último mes, ha acabado por reventar y quedarse en nada.
La investigación desarrollada por el juzgado de instrucción dos de Cambados llegó a ser desglosada en cuatro piezas separadas distintas de la principal y sumó más de una quincena de los entonces imputados (ahora investigados) que fueron desfilando por el juzgado a prestar declaración ante el anterior juez que llevaba el caso. Entre ellos se encontraba la actual secretaria xeral de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas, que fue la primera también en ser desimputada por orden de la Audiencia Provincial en mayo del pasado año y con el apoyo del fiscal. Técnicos y extecnicos del ayuntamiento, el arquitecto municipal, un exconcejal y la entonces alcaldesa, Catalina González, promotores, constructores..., engrosaron la lista de personas investigadas en algunas de estas causas.
En junio y septiembre del pasado año, el juzgado ya acordaba el archivo de tres de las cinco piezas separadas en las que se dividió la investigación. Se trataba de las actuaciones relativas al edificio de Balboa y Chan en la calle Progreso, las reformas realizadas en la casa del entonces arquitecto técnico municipal y la legalización de una construcción en Montalvo.
No obstante, permanecían abiertas dos causas más, en una de las cuales se mantenía como investigada a la exalcaldesa, Catalina González. Se trataba de la construcción de los polémicos chalés por parte de la empresa Ferro Mesego junto al cementerio de Dorrón. El otro caso que se mantenía vivo judicialmente ya no afectaba a la exregidora y se refería a la construcción de unos chalés en Bascuas, que sí mantenía como investigados, entre otros a Ana Belén Louro (exasesora de Urbanismo) a Pablo Guío (entonces arquitecto técnico del Concello) y Rafael Vázquez Abal (arquitecto municipal).
Después de cuatro años de diligencias judiciales, fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmaron que el juzgado acaba de decretar el archivo de estas dos últimas causas que permanecían abiertas. La razón, que el fiscal no observa indicios de delito y ha descartado presentar acusación contra ninguno de los imputados, de ahí que se decrete el sobreseimiento libre de las actuaciones al no haberse fomalizado ninguna acusación, tampoco la particular. Una decisión que levanta cualquier tipo de sospecha contra las personas investigadas.
No obstante, para alguno de los entonces imputados parece que la decisión no es suficiente y el único fleco judicial que queda pendiente en toda esta investigación son varios recursos presentados ante la Audiencia Provincial por los abogados de estas personas para que el archivo decretado por el juzgado no se limite a un "sobreseimiento libre" de las actuaciones sino a que la resolución recoja por escrito el sobreseimiento de las actuaciones sobre las personas que estaban investigadas con nombre y apellidos, según el TSXG.
Impacto personal
El impacto que tuvo este proceso sobre la trayectoria de algunos de los investigados es evidente. Catalina González acabó por no renovar como cabeza de lista del PP en las anteriores elecciones municipales, además de sufrir duros ataques en los plenos en los que esta investigación salía a relucir. González, cuando se conoció su imputación por estos hechos, situó entonces en el entorno de SAL, partido que sustenta actualmente el gobierno tripartito y que ostenta la Alcaldía de Sanxenxo; el origen de estas denuncias urbanísticas, algo que desde esta agrupación se negó rotundamente.
