Una de cada diez familias en Pontevedra están en una situación límite. Según la encuesta estructural para hogares del Instituto Galego de Estadística (IGE), el 23,91% de la población de la comarca está en riesgo de pobreza, una cifra que mejora con respecto al año anterior pero que sigue estando por encima de la media gallega (22,11%).
El informe revela que 3.957 hogares pontevedreses, de un total de 30.210 estimadas en la ciudad, tienen grandes dificultades para hacer frente a los gastos cada mes. Esto quiere decir que un 13,1% de la población se encuentra en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, tras evaluar los ingresos por unidad de consumo, la carencia material severa y el número de personas por vivienda sin ingresos de trabajo o con baja intensidad.
Esta cifra viene respaldada por las que cotejan en la Concejalía de Servizos Sociais, que no registra un aumento en las familias de exclusión social, aunque siguen teniendo una importante demanda. Desde la IGE, señalan un descenso de 2,83 puntos con respecto al año pasado en el índice de riesgo de pobreza en el área de Pontevedra, una caída que ayuda a acercarla a la media gallega, que solo bajó 0,72 puntos.
Tanto la concejala de Benestar Social, Carmen Fouces, como el secretario intercomarcal de UGT Pontevedra-Arousa, Ramón Vidal, apuntan precisamente que la pobreza es un problema que procede de la mala situación laboral que se está viviendo. "Se pueden poner matices como cuestiones de conductas adictivas o problemas mentales, pero eso es un porcentaje residual. Básicamente estamos hablando de un problema laboral, de personas que no están cotizando a la seguridad social y aun por encima en el futuro podrán ser más pobres cuando sean jubilados. Es un problema de una dimensión inmensa", indica Fouces.
Precisamente la concejala consideraba como "más urgente" que la Xunta diseñase un buen plan de empleo, una propuesta en la que coincide Vidal, que también incluye al Concello como administración responsable de tomar medidas al respecto. "El trabajo, como derecho universal, debería estar a la misma altura que la sanidad o la enseñanza, por lo que debería estar garantizado por la administración competente (en referencia a la Xunta)", matizó la concejala.
Hay indicadores que apuntan a que las clases medias y bajas se están igualando. Y es que desde el 2008, en el inicio de la crisis, el ingreso medio mensual por hogar en el área de Pontevedra, siguiendo las tendencias generales, suma una nueva bajada. Así, la misma encuesta estructural del IGE, señala que por cada hogar en la comarca se ingresó 1.915 euros, frente a los 2.032 de 2011 o los 2.153 euros que percibían las familias de media en 2008.
"No veo la mejoría que pregonaban", señala tajante Vidal. "Ahora hay una situación de desarraigo, con conductas de distorsiones médicas como depresión o desunión familiar todo por la situación laboral que atravesamos. Nos encontramos con la figura del asalariado que no sale de la pobreza porque tiene contratos por alguna semana o por cuatro horas pero hace doce. Esta es la realidad que se está viviendo", afirma el secretario de UGT apuntando a una "inspección laboral deficiente y una reforma laboral que propicia esta situación" como causas principales. "Se cargaron la negociación laboral y estamos en la ley de la jungla, con gente dispuesta a trabajar gratis para así conseguir un puesto y estamos con relaciones laborales y convenios a la baja", critica.
El rol de los servicios sociales
Tanto Vidal como Fouces, también se mostraban críticos con el papel que está asumiendo los servicios sociales. "En algún momento se tendrá que abrir el debate de cómo están los servicios sociales", señalaba la propia concejala que considera que se está limitando a hace una labor de contención.
"Es como un tumor que para el dolor te dan analgésicos, pero el problema sigue estando ahí y el tumor de la pobreza es el problema laboral", compara Fouces. Por otro lado Vidal critica la "derivación de la solidaridad como beneficencia" y apoya el modelo de intervención de las administraciones, en especial, la municipal, "la más próxima". "El embellecimiento de las calles está bien, pero lo prioritario debería mejorar la situación laboral. Si se es novedoso para unas cosas deben serlo para otras áreas", afirmó en sindicalista.
Fouces apuntaba las diferentes ayudas realizadas en su concejalía y recordaba que la competencia era de la Xunta. "Somos un mero actor administrativo y poco más. No se puede decir que las políticas municipales contribuyan a bajar la pobreza, aunque nos beneficie (al Concello) decirlo", señalaba la concejala al respecto.
