"Aunque la mayor parte de la atención sanitaria se centralice en el futuro Hospital de Montecelo, disponer de algún servicio en el centro de la ciudad es una ventaja". Con este argumento, el gobierno local emplaza a la Consellería de Sanidade a mantener los usos sanitarios en el Hospital Provincial una vez que se lleve a cabo el nuevo edificio proyectado en Mourente. Frente a la indefinición de la Xunta sobre el futuro de los inmuebles hospitalarios que quedarían vacíos (en concreto el de Benito Corbal y la Casa del Mar de Mollabao), el gobierno local plantea que sirva para la atención de enfermos crónicos o para consultas, una reclamación a la que se suma el grupo municipal socialista, que también se opone a que el Provincial quede desvinculado de la sanidad.
En cambio, el BNG sí se muestra más proclive a desligar la Casa del Mar de esos usos, tanto por ubicación como por estado del edificio. De hecho, la pretensión de Sanidade es trasladar a Montecelo las especialidades que se atienden en Mollabao, así como la asistencia pediátrica que se presta en Benito Corbal. Según fuentes municipales, la "idea central" que el conselleiro Jesús Vázquez Almuiña, trasladó a principios de mes al Concello es que "el nuevo edificio que se ejecute en Montecelo (aledaño al actual pero independiente de él salvo por algunas conexiones) albergaría las atenciones de urgencias, enfermos agudos, quirófanos y otros servicios para casos graves, mientras que el actual recibiría patologías menos graves y albergaría las camas". Sin embargo, para el Provincial "no parecen tenerlo claro", apuntan las mismas fuentes, si bien se detalla que habrá que aguardar a que se redacte el nuevo Plan Funcional para todo el CHOP, sobre la base de las propuestas de los respectivos jefes de servicios.
A lo largo de estos años de debate sobre la ubicación del hospital único, con Monte Carrasco siempre en la recámara pero sin avance alguno, se barajaron numerosas opciones para el Provincial, como una residencia y apartamentos para mayores tutelados por jóvenes estudiantes. Más recientemente se apostaba por servicios sociosanitarios o atención a enfermos crónicos. Lo que sí tiene claro Sanidade es que el inmueble de Benito Corbal, con 120 años de historia, no reúne las condiciones urbanísticas ni estructurales adecuadas para su función actual, con limitaciones y añadidos poco funcionales.
Almuiña explicó el pasado miércoles en el Parlamento gallego que actualmente, la atención hospitalaria se presta en "tres edificios alejados entre sí y entendemos que es deseable un edificio único, con los profesionales concentrados en un único edificio, y no dispersos en tres, y una única puerta de entrada de urgencias para atender a todos los pacientes", afirmó. El objetivo, explicó, es que el proyecto que finalmente se lleve adelante "sea el mejor desde el punto de vista asistencial y técnico y que cuente con un alto grado de consenso".
Ese consenso parece haberse logrado ya y la prueba es el borrador de convenio planteado por la Consellería de Sanidade al Concello hace más de una semana, un documento que ambas partes consideran "reservado", hasta el punto de que el gobierno local ni siquiera ha abierto un expediente oficial sobre este asunto, de modo que la oposición no dispone de acceso al documento. Al respecto, el portavoz del PSOE, Agustín Fernández, ya anunció ayer su intención de solicitar la próxima semana por escrito ese borrador de convenio.
Pese a que el conselleiro se reunió con todos los grupos de la oposición, no se facilitó una copia del documento, cuyo análisis se centra en la actualidad en los departamentos de Urbanismo e Infraestructuras, toda vez que la futura ampliación se plantea hacia el sur, en terrenos que ocupan una superficie aproximada de 46.200 metros cuadrados clasificados en el Plan General de Ordenación Urbana en su mayor parte como suelo no urbanizable común, más una franja de parcelas edificadas en la parte noroeste que pertenecen a un núcleo rural.
El proyecto se declarará supramunicipal y el Concello debe asumir la ejecución de todos los servicios básicos (agua, saneamiento y accesos, entre otros) y aportar cuatro millones de euros para obras de urbanización complementarias al proyecto de ampliación, a modo de compensación del Concello por las expropiaciones, de las que pasa a hacerse cargo el Sergas.
