La Diputación quiere extender la batalla contra la violencia de género a todos los ámbitos de la sociedad y considera que los centros de trabajo son un lugar en el que también es necesario actuar en materia de prevención y detección de posibles casos de malos tratos. Por este motivo, la institución provincial impulsó la redacción de un documento, un protocolo de actuación por parte de las empresas o cualquier otro empleador, que deberá activarse en el caso de sospechar que una de sus empleadas puede estar siendo víctima de malos tratos.
En una primera presentación de este documento, la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, animó a las empresas de la provincia a suscribir este protocolo. Lanzó también un mensaje especial a los ayuntamientos a ser los primeros que suscriban este protocolo para proteger a sus trabajadoras. Silva destacó que este protocolo permite que en menos de 48 horas la empresa o los mandos responsables de la trabajadora afectada deben informar de la situación y además informarle exhaustivamente de sus derechos, asesorarle en materia legal y sobre los recursos que puede tener a su alcance en el caso de ser víctima de violencia machista.
Silva destacó que de las 6.500 llamadas efectuadas al número 016 contra la violencia machista (una cifra que para la presidenta de la Diputación pone de manifiesto la magnitud del problema) tan solo un 2,4% fueron efectuadas por la propia víctima. Para Silva, esto refleja que "hay muchas más víctimas de violencia de género de las que tenemos conocimiento" por lo que es fundamental iniciativas como este protocolo para intentar detectar casos ocultos. El objetivo es poder "tejer una red de protección en torno a la mujer" y para ello es necesario llevar la lucha contra la violencia de género a todos los ámbitos, la familia, los amigos, el hogar pero también el trabajo.
Silva insistió en que la lucha contra el maltrato seguirá siendo una de las "prioridades" para el nuevo gobierno de la Diputación y destacó que actualmente están activos en la provincia un total de 876 casos de mujeres víctimas con seguimiento especial por parte de las Fuerzas de Seguridad. Cinco de ellos están catalogados como riesgo muy alto. La presidenta cree que son cifras "escalofriantes" e "intolerables".
La presentación contó con la participación de una de las impulsoras del documento y delegada territorial en Galicia de la Asociación Española de Auditores Sociolaborales, Ángeles García Pérez, quien destacó que en la actualidad la ley ampara a nivel laboral a una mujer trabajadora víctima de violencia de género. No obstante, esta protección en el sistema laboral solo comienza una vez que ya existe una orden de alejamiento o hay informes en este sentido del juzgado o la Fiscalía. Este protocolo permitiría anticipar esta tutela laboral por parte de la empresa cuando existen indicios de violencia de género.
